Nadie leyó peligro en las fisuras de las paredes, en el hundimiento del suelo, ni en las grietas de las gradas. El Rubén Darío estaba herido. Pero esos golpes internos que le produjo el terremoto de 1965 no fueron analizados hasta que cayó tumbado por los 10 segundos del sismo del 10 de octubre de 1986. En su colapso, mató a más de 300 personas. 20 años después de esa tragedia escrita con sangre, el país no ha aprendido la lección.

El Darío cayó y todo el polvo que levantó al final solo fue una gruesa cortina que permitió a los propietarios de otros edificios heridos de muerte en 1986 reproducir los patrones heredados del terremoto de 1965. Ellos, como sus antecesores, burlaron la sentencia que cayó sobre esos inmuebles, que ahora son una trampa mortal para decenas de personas.

El terremoto de ese 10 de octubre no solo botó al Gran Hotel San Salvador, al edificio Dueñas y a una parte del Hospital Bloom. Con más discreción que el estruendo de una pared rota, también hirió en silencio los órganos vitales de otro centenar de edificaciones a las que los especialistas no les encontraron más futuro que la demolición.

La Comisión de Evaluación de Daños y el posterior Comité Permanente emitieron 111 órdenes de demolición. A 10 años del terremoto, en 1996, solo un 57% de esas sentencias se había ejecutado (Riesgo sísmico en la región metropolitana de San Salvador, Julián Bommer, Walter Salazar, Ricardo Samayoa), y ahora algunos de ellos son un evidente peligro. Como el número 818 de la 25.ª avenida norte, que alberga clínicas, laboratorios y salas de belleza. Con grietas cubiertas con pintura y repello, su perfil casi calca la sombra del Darío. Fue una de las estructuras incluidas en la lista de demolición publicada por la Comisión de Evaluación de Daños el 7 de febrero de 1987.

Ahí funciona el Centro Médico Profesional Metropolitano. Un edificio de tres plantas y parqueo en sótano que de acuerdo con su administrador, Carlos Meléndez, fue erigido en 1984. “No ha recibido ningún refuerzo estructural porque para los terremotos no le ha salido ni una sola grieta”, explicó cuando, vía telefónica, se le preguntó sobre el uso de la construcción. Palabras que, en todo, se contraponen al dictamen de los especialistas que descartaron la reparación.

En el caso de los desahuciados, la comisión incluyó una cláusula en la que se emplazó a los dueños a ejecutar la destrucción antes de 30 días después de la publicación. La sanción por no cumplir esta orden estaba entre los $57.14 y los $57 mil 142 (¢500 y ¢500 mil).

Pero el seguimiento a las reparaciones que en 1987 parecía inminente fue perdiendo brillo. Al punto de que ya en 1993, de acuerdo con una lista elaborada por el Ministerio de Obras Públicas (MOP), se empezaba a configurar otro desastre en potencia: de las 3 mil 183 edificaciones dañadas, solo 383 habían solicitado el permiso para hacer reparaciones, y las restantes 2 mil 800 (el 87.97%) habían hecho algún trabajo sin supervisión alguna. Esto es, sin garantía alguna de hacer lo necesario y lo suficiente.

En su estudio de 1998, Julián Bommer, Walter Salazar y Ricardo Samayoa publicaron un balance de 1996 sobre inmuebles dañados y reparados. Al notar que solo en un 23% de los casos de “edificios fuertemente dañados” se cumplió en teoría con la sentencia, advertían: “El 77% restante estaría pendiente de reparaciones estructurales muy serias, por lo que en el caso que se encuentren deshabitadas, o lo que sería peor, en funcionamiento, representan un verdadero peligro para sus ocupantes”.

Hoy, el edificio de tres pisos del número 312 de la avenida España luce un rótulo de “En venta”. La viñeta de condenado a demolición por daños severos que le impusieron los inspectores no tiene validez para el propietario. “Este edificio tiene unas columnas bien gruesas y nunca ha tenido daños con los terremotos”, aseguró Alfredo Martínez Moreno, también vía telefónica, cuando se le preguntó la condición del inmueble que vende. Ahí funcionó hasta 2001 la Universidad Pedagógica. Al menos hasta que no haya un comprador, este edificio de lozas sueltas, columnas rotas y pisos que se tambalean seguirá deshabitado, pero amenazando a los transeúntes.

La Oficina de Planificación del Área Metropolitana (OPAMSS), la Alcaldía de San Salvador, el Viceministerio de Vivienda y la Asociación Salvadoreña de Ingenieros y Arquitectos (ASIA) son las entidades llamadas hoy a dar continuidad al destino de los edificios dañados con cada sismo. Pero, como muestra de la corta memoria, todas dicen carecer de la lista oficial de estructuras dañadas.

La corta memoria también se observa sobre el número 425 de la alameda Juan Pablo II y 4.ª avenida norte. Ahí funcionaba el Ministerio de Trabajo y el terremoto lo dejó irreparable. El Gobierno sacó a sus empleados, pero dejó a vecinos y transeúntes el peligro del desplome en pleno centro capitalino.

A los plafones del edificio los atraviesa agua, sus pisos son inestables y las paredes, además de grietas, lucen tatuajes de pandillas. Por las noches, según vecinos, se escuchan ruidos que dan miedo, porque evidencian que la propiedad ya es albergue de delincuentes.

No fue fortuito

“Yo no sentí el temblor. Solo oí un golpe, y al abrir los ojos, tenía el techo sobre mí. Que yo esté sentada aquí es solo milagro.” Son las palabras con las que Delmy de González pinta el sufrimiento de pasar 11 horas soterrada. Ella, una odontóloga de 36 años en 1986, ignoraba el peligro con el que convivía. Las autoridades locales y centrales, no. Sabían que el terremoto de 1965 había debilitado al Darío. Y, a pesar de ello, no ordenaron desalojo ni obligaron a reparación exhaustiva.

Al que en ese tiempo era alcalde de San Salvador, Antonio Morales Ehrlich, ver al Darío tumbado le dio miedo. “Fue una profunda sensación de que todos los proyectos que teníamos se habían venido abajo. Ese edificio se había caído por todos lados”, recuerda. Dice que encontró dolor en reconocer que fue una tragedia evitable.

El democristiano retirado era asesor jurídico de la municipalidad capitalina en 1965, cuando Napoleón Duarte era alcalde. Ya en esa época, la evaluación de daños que se hizo dejó al Darío entre los más afectados. “Como dicen, le echaron pintura antisísmica y lo pusieron a funcionar. Ese fue el problema. No sé cómo le dieron permiso y no se prohibió su uso. Luego se le fue olvidando a uno”, admite.

Ese olvido que costó vidas llegó a lo más alto del poder gubernamental 21 años más tarde. Duarte salió del terremoto de 1965 como alcalde y con el Darío dañado y habitado. El de 1986 lo halló como presidente y con el Darío por el suelo.

La mala memoria es de las pocas cosas que han salido ilesas de todos los sismos. El director de la OPAMSS, Roberto Góchez, en 1986 era el gerente de urbanismo y arquitectura de la alcaldía capitalina. Y pese a que por su cargo estaba directamente obligado a conocer el estado de los edificios, la respuesta que da contradice a Morales Ehrlich. “Francamente, no teníamos conciencia del daño. Tanto así que cuando el doctor Morales Ehrlich fue alcalde, planeó el rescate del Centro Histórico y se construyeron lugares de venta pegadas al Darío. Con el terremoto, la peatonal colapsó. Supimos que el edificio estaba mal hasta que se cayó.”

Góchez, como director de la entidad que se encarga de ordenar el crecimiento del área metropolitana, también se encoge al hablar de los nuevos Rubén Darío. Apuesta por la existencia de inmuebles en mal estado. El problema, según él, es que no saben dónde ni cómo están. “¿A quién le pedimos que asuma el costo de revisar todos los edificios del área metropolitana y cómo? Es difícil hacerse cargo de algo de lo que uno no tiene responsabilidad”, se excusa.

En la OPAMSS de Góchez no hay registro de los trabajos que se supone le hicieron al Centro Médico Profesional Metropolitano. No saben si fue reconstruido, si se le hicieron reparaciones estructurales o si solo se maquilló. No hay forma de saber qué riesgo corren quienes trabajan o buscan servicios ahí. La oficina nació en 1990, y de antes no hay registros, porque dicen que cuando el MOP disolvió la Dirección de Urbanismo y Arquitectura se extraviaron.

Viejos vicios

La ciudad de San Salvador en los últimos tres siglos ha sido afectada por 15 terremotos, nueve de ellos asociados con la cadena volcánica y los seis restantes con la fosa de subducción del océano Pacífico, de acuerdo con un estudio dirigido por Julian Boomer.
Los terremotos provocados por una falla, como los de 1965 y 1986, se caracterizan por presentar magnitudes bajas, pero son muy destructivos porque los puntos de fractura son muy cercanos a la superficie y porque la capital está asentada sobre grandes estratos de tierra blanca joven, que amplifica la vibración sísmica.
Para el terremoto de hace 41 años, los muertos llegaron a 150, los damnificados a 30 mil y la magnitud (cantidad de energía liberada) fue de 6.3 en escala de Richter. Hace 20 años, los fallecidos llegaron a 1 mil 500, los damnificados a 100 mil y la magnitud solo fue de 5.4. En 1965 la intensidad (los efectos) alcanzó siete grados en Mercalli Modificada, y en 1986 escaló hasta los nueve.
“Empezamos a ser más vulnerables cuando nos olvidamos de los terremotos. Y eso es lo que ha pasado en nuestro país”, sentencia David Hernández, miembro de la ASIA, un doctor en Ingeniería especializado en estructuras.

Los sismos que nacen de las fallas capitalinas tienden a presentarse con una frecuencia media de cada 20 años, según el Servicio Nacional de Estudios Territoriales (SNET). Una persona que tiene 25 años todavía tendrá que vivir al menos dos terremotos más, según los cálculos de Carlos Pullinger, director de geología.

Tras los terremotos de 1965 y 1986, la ayuda internacional llegó a manos llenas, los hombres topo sacaron cuerpos, se formaron comités de canalización de víveres, se repartieron láminas, se formaron comunidades conmemorativas de la tragedia. En la emergencia aparecieron numerosos padres. La prevención y mitigación de riesgos, sin embargo, siguió huérfana.

Más que una reflexión, las palabras de Douglas Hernández, sismólogo, suenan a condena: “Tendemos a olvidar rápido y comenzamos a dormirnos. Dejamos de trabajar en lo que debería ser rutina como simulacros en escuelas, planes de evacuación, reducción de riesgo. Vivimos en una de las zonas más activas del mundo, pero lo notamos solo cuando hay terremoto”.

Se buscó a las autoridades del Viceministerio de Vivienda y de la alcaldía capitalina, pero no accedieron a dar entrevistas. Lejos de eso, en Vivienda se bloqueó una ya concertada por Enfoques.

En estos 20 años, los planes de mitigación de riesgos acumularon polvo y las normas de construcción antisísmica están finalizadas, pero sin oficializar. Tampoco se han movido esos tres edificios que siguen en pie bajo una gruesa capa de desidia institucional. “Todas las edificaciones dañadas, las que se conocen y las que no, solo están esperando que el terremoto siguiente las bote”, profetiza David Hernández.