Tierras y haciendas, fundación de San Vicente

San Vicente. Esta fue una de las primeras ciudades que se fundó en El Salvador y se le llamó San Vicente de Austria, al que luego se agregó “y Lorenzana”.

Después de vivir esparcidos en rancherías y milpas, los pueblos fueron trazados y se adjudicó a las familias su propio terreno con espacio para los animales domésticos
y corrales.

Pedro Antonio Escalante Arce
Academia Salvadoreña de la Historia

El concepto de cultura y civilización europea estaba unido al de vida urbana, por lo cual pronto surgieron las ciudades de españoles en América, con el otorgamiento de solares a sus moradores, tanto para construir casas de habitación, como tierras para labranza y el mantenimiento de animales domésticos y ganado, en una extensión que variaba según fueran los méritos de los solicitantes y que se medía por peonías y caballerías. Todas las ciudades y villas recibieron sus “propios”, tierras propias de la población, constituidas por el ejido municipal y las dehesas de uso común, en que se podía alquilar parcelas, además de utilizar colectivamente el agua, el pasto, la leña, en una cierta cantidad de leguas medidas a la redonda, desde la plaza central, o desde la cruz atrial de la parroquia, usualmente cuatro leguas en cuadrado.

Con relación a la población indígena, con el sistema de reducción a poblados se logró ubicarlos en sitios urbanizados y se fue encauzando fácilmente su sometimiento a las regulaciones legales. Después de vivir esparcidos en rancherías y milpas, los pueblos fueron trazados y se adjudicó a las familias su propio terreno con espacio para los animales domésticos y corrales. Luego, se designó el espacio ejidal, de variadas dimensiones, para uso común de los pobladores, además de una porción de tierras baldías y se formalizaron las tierras comunales propias de los grupos étnicos, donde podían tener parcelas las familias del pueblo. Esta adjudicación de tierras comunes frecuentemente se hizo también sobre espacios tradicionalmente propiedad de los grupos indígenas. Este abandono de las seculares rancherías y milpas causó en los pueblos trasladados auténticos traumas emotivos y culturales, y sirvió para afianzar aún más el sometimiento a una nueva situación política, administrativa, económica y religiosa.

Pero fuera de las tierras indígenas y los solares urbanos, originalmente de peninsulares, la tierra pasó a ser realenga, con un derecho eminente del rey sobre ella, y sobre esta se impuso, por merced real, el sistema privado de la propiedad agrícola. Muchos encomenderos aparecieron ilegalmente con terrenos cercanos a los pueblos repartidos.
La manera legal de adquirir las tierras fue a través de mercedes reales que se ventilaban ante la Real Audiencia, usualmente con un número de caballerías solicitadas para estancias de ganado o determinadas producciones, incluso para molinos, obrajes, ingenios y otros. La caballería fue una medida que llegó a aplicarse para todos los solicitantes y ya no con base en categoría social como sucedió al principio en las ciudades, y equivalía, grosso modo, a unas 42 hectáreas en paralelogramo, alrededor de 60 manzanas, pero esto con sus variantes. Un expediente de merced de tierras se iniciaba ante las autoridades locales, como alcaldes ordinarios y alcaldes mayores, con citación de testigos in situ conocedores de la situación del inmueble, incluso indígenas colindantes. En un principio, se procuró no otorgar grandes extensiones de terreno, pero se dio la concentración de ellas con apropiaciones indebidas, para lo que fue necesario instituir el sistema de composición.

La composición de tierras tuvo su origen en la voluntad de la Corona de poner orden en las tierras realengas usurpadas (1591), pero tuvo que ceder ante la realidad de la ocupación ilegal de miles de caballerías, por un lado, y las necesidades de ingresos de dinero al real fisco, por otro. Esto motivó un procedimiento jurídico por medio del cual se legalizaba la posesión indebida de tierras con el pago de una suma de dinero al tesoro real, lo que se volvió en la manera común de hacer acopio de tierras. Con esto surgió, en el futuro, la gran propiedad agraria con la libre compraventa, porque los títulos de confirmación por composición otorgaron plena propiedad.

En las provincias hispano-salvadoreñas, aparecieron haciendas y tierras privadas, no solo en grandes extensiones, sino en pequeños fundos y fincas, en manos muchas veces de mestizos y mulatos, como comprueba la documentación existente. Las relaciones geográficas de las visitas de autoridades religiosas e informes civiles dan cuenta de múltiples haciendas, autosuficientes, con ganado mayor, caballos, crianza de mulas, milpas, siembras de xiquilite y obrajes, además de las importantes extensiones con caña de azúcar, que tuvieron en el valle del río Jiboa, en los alrededores del volcán entonces llamado “de Zacatecoluca”, una de sus más conocidas áreas productivas, con múltiples trapiches accionados por bueyes. El cultivo de la caña de azúcar ya aparece mencionado en 1532, cerca de San Juan Cojutepeque.

En estas proximidades del volcán se fundó la cuarta ciudad española de San Salvador, con el nombre de San Vicente de Austria, al que luego se agregó “y Lorenzana”. El número considerable de haciendas, muchas añileras, así como una numerosa población ladina juntamente con familias criollas, motivó la orden de levantarla con categoría de pueblo y luego como villa, a orillas del río Acahuapa, donde se conservó la tradición de cincuenta familias reunidas bajo un árbol de tempisque, seguramente, para los actos religiosos y legales de fundación en el día de Navidad de 1635 (Lardé y Larín). Había urgencia de poner orden en las cercanías de los pueblos de Santiago Apastepeque, Concepción Tecoluca, Santa Lucía Zacatecoluca, San Cristóbal Ixtepeque y otros, donde la cohabitación étnica estaba causando daño a los pueblos indígenas, en particular, la apreciable concentración de mulatos y africanos.

Se afirma que, para la nueva población, se compraron tres caballerías de tierra por ser tierras realengas. El primer cabildo de criollos autorizado acordó hacer una donación de 1,600 pesos a la Corona y nombraron al rey Felipe IV como alcalde honorario. En 1658, fue elevado al rango de villa, con límites de jurisdicción comprendidos entre los ríos Jiboa y Lempa. El trazado de la villa fue el tradicional del urbanismo español en América y se le dotó de una de las mejores iglesias de las provincias salvadoreñas. Más tarde, se construiría la afamada iglesia de la Virgen del Pilar y a principios del siglo XIX fue abierto el convento franciscano.

Texto y fotos cortesía de la Academia Salvadoreña de la Historia.