El proceso incluyó la conformación de una Comisión de Antejuicio, presidida por el diputado Mario Tenorio, del partido GANA, y con los abogados José Mario Machado Calderón y Laura Iris Mina Córdova como defensores de Benítez. Dicha comisión escuchó alrededor de 12 testimonios criteriados a puerta cerrada y realizó inspecciones en el Museo de la Fuerza Armada para corroborar si las armas implicadas en el caso estaban en su debido lugar.
Sin embargo, el mismo 25 de agosto, fecha en que se conformaría la Comisión de Antejuicio del caso, el ministro de la Defensa, David Munguía Payés, informó que el general Benítez había sufrido un derrame cerebral, por lo que fue trasladado al Hospital Militar en horas de la madrugada. Según Payés, el derrame se produjo por la “tensión y presión” a la que estaba siendo sometido Benítez ante la acusación existente en su contra. El embajador en Alemania fue trasladado después al Hospital de Diagnóstico. Posteriormente, su familia pidió que se “dejara en paz” al general y que se respetara la discreción durante el proceso.
A pesar de su período de convalecencia, la Comisión de Antejuicio siguió con su proceso de investigación, el cual finalizó el 5 de diciembre, con la realización de una sesión plenaria especial en la cual, con 43 votos, se aprobó desaforar al general Benítez y enviarlo a juicio civil por los cargos mencionados anteriormente. El FMLN defendió que, con esta medida, se cometía una injusticia en contra de Benítez.
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