La Asamblea Legislativa aprobó, el 29 de septiembre, con 46 votos, una reforma a la Ley del Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP), que le permitiría echar mano de los ahorros de pensión para pagar las deudas y solventar la falta de liquidez, declarada por el presidente Cerén en semanas anteriores.
Estas reformas entraron en vigencia desde el 7 de octubre, mismo día en que el Gobierno emitió $71.5 millones en deuda que fue comprada por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), con dinero de los ahorros de los trabajadores.
Sin embargo, el 7 de noviembre, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró inconstitucional la reforma, argumentando que la aprobación se había dado con 46 votos y no con los 53 que exigen las reformas o leyes que deben ser aprobadas por mayoría calificada. Tras esta medida, el gobierno detuvo el uso de fondos y regresó a la Asamblea Legislativa para buscar alternativas que permitieran solventar la situación de impago en la que se cayó en el trimestre final de 2016.
Junto con la admisión de la demanda, la Corte decretó una medida cautelar, de modo que el Gobierno no podría usar dinero del FOP para pagar la deuda con los fondos de pensión. Mientras la reforma estuvo vigente, emitieron $71.5 millones en CIP para pago de deuda.