La canadiense Pacific Rim, adquirida en 2013 por la empresa minera australiana Oceana Gold, interpuso en 2009 una demanda contra El Salvador ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), porque el país centroamericano le negó unos permisos para explotar la mina de oro El Dorado, en el departamento de Cabañas.
La minera argumentaba pérdidas y, por ello, en 2009 reclamó al Gobierno salvadoreño 77 millones de dólares, una cifra que fue variando a lo largo del proceso y llegó hasta los 314 millones de dólares, y luego se situó en 250 millones de dólares.
Ese rechazo a Pacific Rim se produjo en un contexto en el que el expresidente Elías Antonio Saca (2004-2009) anunció su negativa a conceder permisos de exploración o explotación minera, y suspendió los otorgados alegando que la explotación minera podía contaminar los escasos recursos acuíferos de que dispone la nación.
La compañía apeló a la decisión sin obtener resultados a su favor, por lo que interpuso una demanda ante la CIADI. Pacific Rim aseguró que El Salvador había violado el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y la República Dominicana con Estados Unidos, pero la CIADI falló en contra de esta acusación en 2012.
El órgano de arbitraje del Banco Mundial consideró que Pacific Rim no podía ampararse en un tratado entre Estados Unidos y Centroamérica al ser una compañía canadiense, pero le permitió seguir con el litigio para averiguar si El Salvador había incumplido sus propias leyes de inversiones extranjeras.