Sin embargo, el mes siguiente fue presentada una demanda en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) -la cual aún no ha sido aceptada- para que la elección sea declarada inconstitucional. Según el demandante, la forma en que fueron elegidos no garantiza la transparencia sobre “porqué se eligió a un postulante y no a otro”, y no se garantizó la independencia de grupos de poder y partidos políticos de las personas escogidas.
Entre los funcionarios electos a los que se les apuntaron irregularidades (aparte de la afiliación partidaria) están: Santos Cecilio Treminio (cuyas declaraciones patrimoniales se encuentran en análisis en Probidad); Alcides Funes Teos (por tener historial en la Corte de Cuentas de la República, Tribunal de Ética Gubernamental y Fiscalía General de la República); José Efraín Gutiérrez Martínez (que tiene al menos dos sentencias en su historial en la Corte de Cuentas de la República); Carlos Wilfredo García (tiene en su historial ocho procesos ya fenecidos de la Unidad de Investigación Judicial); Olinda Morena Vásquez (acumula nueve procesos fenecidos y dos activos en la Unidad de Investigación Judicial); y Balbino Escobar (que tiene un registro con cumplimiento parcial en Probidad).