CASO RAIS-MARTÍNEZ
El primero es un proceso por corrupción judicial junto al empresario Enrique Rais; el sobrino de este, Hugo Blanco; el exjuez Noveno de Paz, Romeo Aurora Giammattei; el perito del Instituto de Medicina Legal (IML), Nestor Recinos; el exjefe fiscal de la Unidad de Intereses de la Sociedad, Julio Arriaza; los abogados Luis Peña y Ernesto Ortiz, y otras tres personas. Rais está acusado de falsedad ideológica, omisión en la investigación y fraude procesal; Arriaza, por cohecho y fraude procesal; y Rais, Blanco, así como los abogados Peña y Ortiz, por falsedad en peritajes psicológicos forenses.
Sobre esto último, la Fiscalía presentó pruebas de que Rais pagó $5,000 a Recinos por peritajes falsos que demostraran afectación en el empresario por las supuestas amenazas de las que acusó a Claudia Herrera, esposa de su exabogado Mario Calderón, también acusado por el empresario de extorsión. Ambos fueron absueltos de los cargos en noviembre y septiembre, respectivamente.
La audiencia inicial contra los 11 imputados por la red de corrupción judicial se llevó a cabo en agosto pasado, en el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador. En ella, la jueza Évelyn Jiménez los dejó en libertad, bajo el pago de fianzas, mientras continúa la fase de instrucción. El fiscal general Douglas Meléndez consideró la audiencia inicial como “un circo” y, el 1 de septiembre, la Fiscalía presentó una apelación ante la Cámara Primera de lo penal de San Salvador para revertir la resolución de la jueza Jiménez, algo que hasta el momento no ha sucedido.
El caso continuaría la siguiente fase en el Juzgado Séptimo de Instrucción, pero el juez Miguel Ángel García solicitó a la Cámara ser excusado de conocer el caso asignado. A finales de septiembre, el caso pasó al Juzgado Octavo de Instrucción.
Galería: http://mediacenter.laprensagrafica.com/galerias/g/ex-fiscal-luis-martnez-y-empresario-enrique-rais-e
REVELACIÓN DE ESCUCHAS
Luis Martínez no obtuvo la libertad bajo fianza con el resto de los imputados en el primer caso iniciado en su contra porque debía enfrentar otro proceso por revelación de material reservado (audios), en perjuicio del sacerdote Antonio Rodríguez (padre Toño).
Según la acusación fiscal, Martínez ordenó sacar del Centro de Intervención de Telecomunicaciones (CIT) audios de las llamadas telefónicas del sacerdote, que fueron grabadas cuando era investigado por vínculos con pandillas. El exfiscal los divulgó en una reunión con diferentes líderes de la Iglesia Católica. Según el artículo 34 de la Ley Especial para la Intervención de las Telecomunicaciones, la sanción a quien “revele, divulgue o utilice de forma indebida” las escuchas es de hasta ocho años de prisión.
La audiencia inicial fue realizada en dos ocasiones. En la primera, el Juzgado Primero de Paz consideró que la FGR evidenció el delito y, por tanto, ordenó prisión provisional mientras continuaba la fase de instrucción; sin embargo, la defensa presentó un incidente de recusación para que el caso pasara a otro juzgado. El juez Primero de Instrucción concedió pasarlo al Segundo de Paz que, a diferencia del primero, libertó al exfiscal con medidas sustitutivas. La Fiscalía presentó el 27 de octubre un recurso de apelación contra esta última resolución.
ENRIQUECIMIENTO ILICITO
Por unanimidad de votos, el pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó el pasado 29 de noviembre la apertura de un juicio civil por enriquecimiento ilícito contra Martínez, debido a que no pudo justificar $486,213.80 existentes en su patrimonio familiar, según el informe de la auditoría hecha por la Sección de Probidad.
En un intento por justificar el origen del monto cuestionado, Martínez expuso de manera escrita que recibía un “sobresueldo” mensual de Casa Presidencial, que rondaba los $15,000. La CSJ no lo admitió como una justificación y ordenó el juicio.
LAVADO DE DINERO
Martínez tiene abierta una investigación penal por un caso de posible lavado de dinero. El 10 de noviembre, el fiscal general confirmó que el Juzgado Decimocuarto de Paz de San Salvador ordenó, a petición de la Fiscalía, la inmovilización de cuentas y algunos bienes del exfiscal, exceptuando un vehículo que compró antes de que el investigado asumiera como titular de la FGR. Si la Unidad de Investigación Financiera (UIF) encuentra indicios de que Martínez blanqueó dinero podría ser judicializado en los próximos meses.
Según el magistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco, Martínez blanqueaba el dinero que recibía de Casa Presidencial (CAPRES) a través de la Sociedad Bolsas Desechables y Plásticos, S. A. de C. V. (BODEPA), que recibía el dinero y con este pagaba cuatro tarjetas de crédito que utilizaba el exfiscal y su familia. Todo se hacía a través de un banco que nunca informó sobre las referidas transacciones, pese a que estaba obligado por ley, dijo Blanco en un programa radial el 1 de diciembre.