Los empleados de la empresa Energía y Suministros, subcontratada por la Empresa Distribuidora Eléctrica Salvadoreña (EDESAL), habían viajado a la zona para hacer trabajos de instalación y distribución de energía; mientras que los tres agricultores se encontraban haciendo sus labores en la zona, por lo que creen que fueron asesinados por ser testigos circunstanciales.
Dos menores de edad fueron condenados el 24 de octubre a 15 y cinco años de prisión en el centro de internamiento El Espino, en Ahuachapán, por el múltiple crimen. También, nueve adultos fueron acusados con las declaraciones de un testigo criteriado que narró la participación de 18 pandilleros en la matanza.
Este caso, que conmocionó a El Salvador, fue el detonante de la implementación de las medidas extraordinarias de seguridad, vigentes por un año a partir del 1 de abril y que están dirigidas a cortar la comunicación entre los cabecillas recluidos en los penales y las estructuras en el exterior, entre otros.