En el decreto inicial, el Gobierno estableció reformas para los Centros Penales de Chalatenango, Ciudad Barrios, Cojutepeque, San Francisco Gotera, Izalco, Quezaltepeque y Zacatecoluca. Se aclaró que podrían incluirse otros centros a esta modalidad y las medidas se aplicaran gradualmente.
Las disposiciones establecidas incluyeron la restricción o suspensión de visitas, la habilitación de “centros temporales de reclusión”; se suspendieron “los traslados de los privados de libertad, para la realización de toda clase de las audiencias judiciales y cualquier otro acto procesal”, por lo que se inició con la modalidad de audiencias virtuales y el traslado de jueces a los centros penales.
Una de las propuestas más discutidas fue la suspensión de las señales de telefonía e internet. La medida fue ampliamente discutida por el pleno legislativo y consiguió su aprobación en septiembre, decretando un bloqueo de toda señal inalámbrica de internet, sobre todo la señal WiFi, en los alrededores de los centros penales en un radio de 100 metros.
La reforma también faculta al Ministerio de Seguridad para decomisar todo equipo que intente generar una conexión inalámbrica de internet en la zona y se solicitó una nueva revisión en centros penales y el efectivo decomiso de equipos de esta índole de ser encontrados.