El 25 de octubre el parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, aprobó iniciar un procedimiento con miras a un “juicio político y penal” contra Maduro, acusado de propiciar la ruptura democrática con la suspensión del referendo revocatorio.
El 13 de diciembre, la misma mayoría opositora aprobó una resolución legislativa que declara la responsabilidad política de Maduro en la crisis que azota el país. Se acordó solicitar a la Fiscalía General emprender una investigación para un eventual antejuicio de mérito contra el presidente venezolano y continuar la evaluación para declarar su abandono del cargo presidencial.