Como ejemplo de ello, el fiscal trajo a colación el caso del titular del Juzgado Primero de Paz de San Salvador, que no accedió a dar una orden de captura en contra de una mujer que desde la terminal de oriente trasladaría granadas hacia San Miguel durante el fin de semana. Según el fiscal, este tipo de decisiones por parte de algunos jueces ya es del conocimiento del presidente de la Corte, Armando Pineda Navas.
Para un proceso similar se pusiese en marcha, se necesitaba quitar el fuero a los jueces implicados, para lo que se necesitan ocho de los 15 votos de la Corte Plena. La última vez que la FGR aplicó este proceso fue a finales de julio de 2014 contra varios jueces especializados de San Miguel acusados de haber recibido sobornos a cambio de favorecer a procesados. La Corte Plena decidió el 12 de agosto de 2014 por unanimidad quitar el fuero a los jueces por ser parte de una red criminal.
Ante esto, la Corte Suprema de Justicia inició un traslado masivo de jueces desde mayo, argumentando que eran para llenar plazas vacantes sin haber solicitado ternas de candidatos al consejo. Además, los magistrados aseguraron que los traslados de jueces que ordenó la Corte en Pleno no obedecían a presiones desde la Fiscalía General de la República (FGR), sino que eran “rutinarios”.
Sin embargo, días más tarde, el pleno del Consejo Nacional de la Judicatura, integrado por siete consejeros, llegó a la conclusión de que la Corte no puede trasladar jueces para llenar vacantes porque eso supone una violación al artículo 62 de la Ley del Consejo Nacional de la Judicatura, que establece que “para el nombramiento de magistrados de las cámaras de Segunda Instancia, jueces de Primera Instancia y de Paz, la Corte oportunamente solicitará al pleno del consejo las ternas correspondientes, cualquiera que sea el origen de la plaza vacante”.