Lo que empezó en La Palma, Chalatenango, el 15 de octubre de 1984, y culminó el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, Ciudad de México, fue un acuerdo para que las balas guerrilleras y gubernamentales que mataban a civiles y entre sí dejaran de dispararse. La construcción de la paz, la reunificación social, los derechos humanos y el desarrollo económico fueron tareas que empezaron desde 1992 y para las que, 25 años después, los salvadoreños no han sabido mancomunarse.
Fernando Romero
Los Acuerdos de Paz de El Salvador de 1992 son un ejemplo mundial de cómo se puede alcanzar con éxito el cese al fuego dentro de una guerra interna y, más allá, de cómo pueden lograrse pactos que en un principio habrían sido impensables, a la luz de una institucionalización de la violencia estatal durante décadas, ejecutada por las fuerzas de seguridad del Estado. La reducción de la Fuerza Armada de El Salvador, la eliminación completa de la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, así como la transformación de la Policía Nacional hacia la Policía Nacional Civil. La creación de instituciones supervisoras de los derechos humanos, la supresión total de grupos paramilitares como las defensas civiles y la incorporación de la guerrilla al sistema democrático electoral como partido político son virtudes de ese acuerdo.
Para entender mejor qué estuvo en negociación y qué se dejó fuera la revisión de los Acuerdos de Paz se vuelve necesaria. Por ejemplo, el tema de cómo debía procurarse el desarrollo económico y social de todos los salvadoreños a partir del fin del conflicto armado quedó fuera de toda área de negociación política.
Los primeros acuerdos versan sobre los límites del ejército, así como su nueva doctrina como una fuerza estatal apolítica y al servicio específico de la defensa de la soberanía de la República y no de la seguridad ni del orden interno, con excepciones marcadas en la Constitución. Desde esa base, se pasó a establecer un nuevo régimen educativo de los miembros de la Fuerza Armada, con lo que se conformó un Consejo Académico que revisa que el cuerpo de contenidos académicos al que se someterá a los elementos del Ejército no contengan tendencias político-ideológicas ni partidarias, entre otras responsabilidades.
Tras el establecimiento del nuevo régimen educativo del Ejército, los firmantes procedieron a acordar la depuración de la Fuerza Armada, con la finalidad de retirar a todo efectivo militar que tuviera expedientes de violaciones a los derechos humanos. Esta depuración estuvo a cargo de una comisión y supervisada por la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas.
La depuración le abrió pasó a la reducción, que consistió no solo en la cantidad de miembros del ejército, sino también en la supresión de instalaciones que no iban a ser más del uso militar.
En los Acuerdos de Paz de 1992 se reconoce la necesidad de dejar referentes ejemplarizantes contra las violaciones a los derechos humanos y los negociantes acordaron proceder a la eliminación de la Guardia Nacional, la Policía de Hacienda, así como de cualquier entidad paramilitar, y se procede a la fundamentación de la Policía Nacional Civil actual.
Es allí cuando surge el principio de que la Fuerza Armada estará subordinada al poder civil y, por lo tanto, se suspende la práctica del reclutamiento forzoso.
La Dirección Nacional de Inteligencia es disuelta y se integra un nuevo Organismo de Inteligencia del Estado, cuyas funciones no dependerán de intereses políticos y se ceñirán a la búsqueda del bien común y en concordancia con los derechos humanos.
Como garantía, los acuerdos establecen una supervisión de la Asamblea Legislativa sobre todas las actividades de la Fuerza Armada y el funcionamiento de la Inspectoría General del Ejército. Se crea un tribunal de honor.
Al lado de la Policía Nacional Civil se crea también la Academia Nacional de Seguridad Pública, desde donde serán seleccionados los nuevos agentes de la Policía. Allí, los aspirantes recibirán educación y formación técnica en las labores policiales.
Los firmantes de la paz también acordaron reformas legales para la constitución de un remozado Órgano Judicial, con la fundación de un nuevo Consejo Nacional de la Judicatura, independiente e integrado por más miembros de la sociedad, que será responsable de la Escuela de Capacitación Judicial y del objetivo específico de formar jueces. En esa área de los acuerdos se estipula también la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Las funciones de la Procuraduría al principio se basan en la erradicación de cualquier grupo que violente los derechos humanos y la erradicación de las cárceles clandestinas, y luego se le otorgan las atribuciones de vigilancia por el respeto de los derechos humanos de los ciudadanos desde el Estado.
Se logra un acuerdo para la creación de un nuevo sistema electoral, con un Tribunal Supremo Electoral y la desintegración del conocido Consejo Central de Elecciones, con un nuevo código que va a procurar el mantenimiento de la democracia electoral. Tras el pacto por un nuevo sistema electoral se procedió al tema económico y social, pero no fue abordado en la justa dimensión y dejó como un tema correspondiente y exclusivo al gobierno de turno democráticamente electo, como ejecutor de las políticas sociales y económicas del país.
Sin embargo, sí se lograron acuerdos sobre distribución de tierras en las zonas conflictivas, créditos para el sector agropecuario, así como para la micro y pequeña empresa y una serie de medidas para aliviar los costos que iba a tener el ajuste estructural que significaba abrir espacio en la sociedad con igualdad de derechos a todos los miembros de la guerrilla. Fue entonces que también se procedió a acordar que el FMLN pasaba de ser una guerrilla a convertirse en partido político para que dentro del nuevo sistema democrático electoral buscara, junto con otros actores políticos de diversas corrientes político-ideológicas, el poder.
Mientras que la creación del Foro para la Concertación Económica y Social, si bien tuvo éxito en un principio, no se desarrolló más allá de 1993 y se disolvió rápidamente. Este foro estaba conformado por el sector de los trabajadores y los empleadores, con supervisión del Gobierno, similar al Consejo Nacional del Salario Mínimo de la actualidad.
Los Acuerdos de Paz tenían objetivos generales y todas las reformas estructurales y legales que se llevaron a cabo tenían el fin de sentar las bases para la reunificación de la sociedad salvadoreña, la construcción de la paz, el respeto irrestricto a los derechos humanos y la prosperidad que se iba a reflejar en el desarrollo económico y social de todos los salvadoreños.
El equipo de Política de LA PRENSA GRÁFICA ha hecho este esfuerzo periodístico por explicar qué ha pasado en los 25 años desde que se firmaron los Acuerdos de Paz. En las siguientes publicaciones, hasta el día del aniversario número 25, el próximo 16 de enero, los lectores tendrán en la palestra las voces de los mismos firmantes y analistas, con sus historias personales, perspectivas y opiniones de cuál es El Salvador que se ha formado tras aquella firma, en momentos de crisis económica y de violencia social que han desdibujado el espíritu con que se firmó aquel pacto.
