ACAN-EFE
En 1992, El Salvador firmó la paz, guardó los fusiles y se lavó el rostro para el mundo, pero también fingió amnesia: la Justicia se quedó en la fosa común de sus tribunales y 25 años después un ejército de sobrevivientes y víctimas la siguen buscando.
“Las madres se están muriendo, se están muriendo con la esperanza, con el anhelo y desesperación de saber dónde quedaron los restos de sus hijos desaparecidos”, dijo a Acan-Efe Blanca Panameño, representante del Comité de Madres de Reos y Desaparecidos Políticos de El Salvador Monseñor Romero (Comadres).
Panameño, quien enterró a su abuela sin que conociera el paradero de dos de sus hijos desaparecidos durante el conflicto, aseguró que ella y su familia sufren esta “indolencia” judicial, igual que el resto de víctimas de crímenes de la guerra civil (1980-1992), e incluso de los años previos.
Le siguió su madre, una de las fundadoras de Comadres, que solo conoció de boca de terceros que uno de sus hijos fue asesinado por agentes estatales en el mismo hecho donde desaparecieron sus dos tíos, la masacre de estudiantes de 1975 en San Salvador.
Oficialmente se reconoce que la guerra estalló en 1980, pero esta matanza fue uno de los principales antecedentes de la represión estatal contra civiles que llevó a parte de la población a la organización insurgente desde los años setenta y que hizo surgir a Comadres.
Para la activista, en estas dos décadas y media de posguerra “no ha habido retroceso” en el cumplimiento de los acuerdos en materia de justicia, porque “nunca hubo un avance”.
“Hasta el momento, no ha habido voluntad política y a 25 años de la firma no hay excusa alguna para no haber, por lo menos, investigado y condenado en casos emblemáticos”, aseguró.
Entre estos casos figuran el magnicidio del ahora beato óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1,000 campesinos en El Mozote (1981) y la matanza de seis padres jesuitas y dos de sus colaboradoras (1989).
Para Alejandro Díaz, abogado de la no gubernamental Tutela Legal “María Julia Hernández”, son dos puntos los que no se cumplieron del pacto político: la superación de la impunidad y la depuración del sistema de justicia.
“Se estableció que se iban a investigar graves violaciones a derechos humanos”, pero “la principal herencia es la impunidad y que se creó la categoría de ciudadanos de segunda clase para la justicia, porque las víctimas quedaron sin ninguna posibilidad de tener acceso a ella”, lamentó.
Díaz y Panameño comparten la idea de que la firma de los Acuerdos de Paz fue una especie de “refundación” del Estado salvadoreño por la incorporación a la vida política de la guerrilla, la creación de una policía civil y de un organismo defensor de derechos humanos.
Pero advierten que esa “refundación” tuvo como base la impunidad, y que esta es responsable en buena parte de la violencia que actualmente impera en el país centroamericano, con una tasa de homicidios de 81,7 por cada 100.000 habitantes en 2016.
Los “juicios ejemplarizantes debían ser un precedente para que estos hechos no se vuelvan a repetir, que es algo que estamos viviendo nuevamente: graves masacres y violaciones a derechos humanos”, acotó Díaz.
Opinó que el único “hito” de la justicia en favor de las víctimas se dio en 2016, cuando la Sala de lo Constitucional del Supremo anuló la Ley de Amnistía instaurada por el Congreso en 1993, días después que la ONU publicase un informe que desnudaba los crímenes cometidos por Ejército y guerrilla, ahora en el poder.
A la falta de justicia se suma la pobreza en la que la desaparición y asesinato de familiares hundió a las víctimas, de acuerdo con Panameño.
“Las madres tienen una grave necesidad, porque están con enfermedades, muchas ya no se pueden movilizar por ellas mismas”, explicó la defensora de derechos humanos, que también calificó de “burla” la única “reparación” económica que reciben del Gobierno de entre 15 y 50 dólares mensuales.
Por los 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos que dejó la guerra, librada entre el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), ningún guerrillero cumple una pena por los crímenes cometidos.
Por parte de la Fuerza Armada, solo el coronel Guillermo Benavides, uno de los acusados de la matanza de los jesuitas, guarda prisión preventiva mientras un tribunal decide si cumple una pena de 30 años impuesta en 1992 y que conmutó la Ley de Amnistía anulada en 2016.
“Nosotros no queremos venganza, queremos que se sienten precedentes para que en El Salvador no se vuelvan a cometer este tipo de violaciones”, concluyó Panameño.
