La asignación de los tres vehículos no es para mi uso personal, sino para cumplir con las necesidades institucionales de mi oficina en el tribunal.”

Eugenio Chicas, magistrado ante el Tribunal Supremo Electoral por el FMLN

La corte está haciendo su trabajo, pero estamos totalmente tranquilos, son procedimientos normales y algunas son decisiones tomadas por otros magistrados hace 10 años.”

Walter Araujo, presidente del TSE

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) enfrenta un juicio de cuentas ante la Corte de Cuentas de la República por 13 reparos administrativos correspondientes a la gestión del ente colegiado en los años 2005 y 2006.

En seis de estos reparos existe responsabilidad de los magistrados propietarios del TSE, Walter Araujo (presidente), Eugenio Chicas Martínez, Julio Eduardo Moreno Niños, Eduardo Urquilla y Mario Salamanca.

Estos hallazgos, donde se deducen responsabilidad de los magistrados, están relacionados con la asignación de vehículos y vales a personal administrativo del TSE, el alquiler de un inmueble subutilizado, la asignación de seis vehículos a dos de los cinco magistrados, falta de controles en oficinas regionales y falta de un estudio de factibilidad para la compra de un edificio propio para que el tribunal concentre sus oficinas.

El último de los reparos que afecta a los magistrados tiene que ver con la negativa del tribunal de ubicar a la Unidad Financiera Institucional (UFI) como oficina de segundo nivel administrativo que dependa directamente del ente colegiado.

Respecto al inmueble que en el hallazgo se le da el calificativo de subutilizado, el informe señala que la auditoría comprobó que el edificio ex Stanford posee una extensión de 34,835.8 metros cuadrados con un área construida de 9,958 metros y que solo 36 personas están asignadas a trabajar en esa instalación.

En el juicio de cuentas también se ventilará el reparo por la asignación de tres carros al magistrado Chicas, del FMLN, y otros tres a Moreno Niños, del PCN.

En el informe de auditoría, la corte sostiene que la asignación de tres vehículos a una sola persona puede generar el “uso particular” de estos, lo que contraviene las normativas de austeridad definida por el Estado.

Chicas se defiende y asegura que los vehículos no han sido asignados para su uso personal, sino que para las actividades institucionales propias de su oficina en el TSE.

Sobre el caso de los vales, el hallazgo indica que en 2005 y del 1.º de enero al 30 de noviembre de 2006, el TSE emitió miles de cupones de gasolina sin que los beneficiados presentaran documentación de que estos habían sido utilizados en misiones oficiales. Cada uno de los cupones tenía un precio de $5.75.

El reparo señala que estos procedimientos desarrollados por el TSE contravienen el artículo 2 del reglamento para controlar la distribución del combustible en las entidades del sector público emitido por la Corte de Cuentas y otras normativas.

El artículo 2 del reglamento establece: “Cada entidad u organismo del sector público debe llevar un efectivo control que permita comprobar la distribución adecuada y acorde a las necesidades institucionales de combustible”.

Walter Araujo, presidente del tribunal, rechazó que se tratara de reparto de cupones para uso personal de los empleados, sino que las asignaciones eran para actividades oficiales de las unidades de la institución.

El resto de reparos está dirigido a los funcionarios del TSE José Daniel Argueta Chávez, director administrativo financiero del 1.º de marzo al 31 de noviembre de 2005; Fermín Venancio Grande Pineda, subdirector administrativo; Claudia Luz Ramírez García, subdirectora de desarrollo humano; Carlos René Guzmán, jefe de activo fijo y almacén entre el 3 de enero de 2005 y el 30 de noviembre de 2006; y Roberto Mora Ruiz, jefe de planeación estratégica.

Diferencia de $494,926

En este apartado, los auditores de la corte encontraron en el año 2005 una diferencia de $494,926.77 entre el inventario de activo fijo, valuado en $3,982,879.14, y la inversión de bienes de uso (bienes depreciables), que ascendía a $3,487,952.37.

El informe señala que la deficiencia se origina debido a que el jefe de activo fijo no ha realizado un inventario institucional, ni una depuración de este, “lo que incrementa el riesgo de que se extravíen los bienes depreciables”.

Aquí las responsabilidades recayeron en Argueta Chávez, Grande Pineda y Guzmán.

El pliego en manos de la Cámara de Primera Instancia de la Corte de Cuentas incluye además un reparo por la falta de códigos en 45 de los vehículos propiedad del TSE y por la falta de coincidencia entre las unidades que tienen código y el inventario de activo fijo.

Las notificaciones de los reparos llegaron con diferente fecha a los magistrados, pero estos decidieron responder de forma unánime el pasado 11 de noviembre, cuando se les vencía el plazo a Urquilla y Salamanca. Para los otros tres magistrados el plazo termina esta semana.