Los presidentes de las gremiales empresariales del país coincidieron ayer en que habrá que estudiar a profundidad el tema del impuesto predial y de las deducciones por donaciones contempladas dentro del programa de gobierno País más Justo, presentado el martes en la noche por la fórmula presidencial arenera.

“Hay que poner la balanza. Hay que ver si esto no puede traer, por el otro lado, que todas estas donaciones que se hacen puedan verse disminuidas y el beneficio social que se tiene pueda ser un costo”, valoró Federico Colorado, presidente de la ANEP.

Jorge Daboub, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador, considera que se debe de estudiar el costo-beneficio que genere la propuesta. “El análisis es ver qué va a suceder con las instituciones que reciben las donaciones; que, de alguna forma, no se vaya a ver esto afectado”, valoró el empresario.

Colorado y Daboub también piden mayor estudio para la propuesta de poner en marcha el impuesto predial. “Se puede mantener, pero que no que venga a sumarse como un impuesto más sin hacer un análisis general del tema tributario. Este impuesto debería sustituir a los que ya existen a nivel de municipios, incluido los recursos FODES”, propone Colorado.

Pelea municipal

Daboub asegura que este tema impositivo “merece discusión” porque recuerda que para su aplicación existen “muchas opciones para hacerlo: si es rural, si es urbano o si es sobre lo que tiene o no tiene algún tipo de actividad” económica.

El impuesto predial está en la agenda que los alcaldes vienen impulsando desde hace años, y para lo cual ya realizaron algunos foros en un intento por conseguir el respaldo político en la Asamblea Legislativa. En la estatal CONADEL el impuesto predial también ha sido objeto de discusión, pero sin mayores avances.

La ANEP considera que con el programa de gobierno País más Justo se va a seguir apoyando “políticas sectoriales que han dado resultado en el presente gobierno, como en agro y turismo”.

Daboub cree que los fondos de pensiones “perfectamente” pueden ser utilizados en proyectos e inversiones nacionales, pero para ello reclama vigilancia de los entes encargados del sistema, es decir, la Superintendencia de Pensiones.