“Con esto no pretendemos un perdón y olvido para los lotificadores”, explicó el diputado arenero, Guillermo Gallegos, al asegurar que además del proceso de compensación que estipulará la ley que proponen, también se determinará la intervención de instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá investigar la existencia de algún delito.

“Las personas que han sido estafadas tienen que apersonarse a la FGR, porque no es un proceso administrativo sino un delito penal”, dijo Gallegos al referirse a los lotificadores a los que les han embargado terrenos que han vendido.

“Ellos pagaron sus lotes y no tienen la culpa de que los lotificadores no cumplieron todos los procesos de ley”, dijo el candidato presidencial, Rodrigo Ávila, al asegurar que la legislación dará más dientes para la intervención de las instituciones como la Fiscalía General de la República, Procuraduría General, Defensoría del Consumidor y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos.

Solo en la Defensoría del Consumidor, que en 2007 recibió más de 300 denuncias de irregularidades en lotificaciones, abrirá, según la propuesta, una línea especial para atender los casos de gente que se siente ofendida por lotificadores.