Henry Campos

Ahora piden más. En su oportunidad se señaló por parte de diferentes sectores de la sociedad que la decisión de conceder el subsidio a costa de aumentar en diez centavos el precio de la gasolina y el diésel para el resto de ciudadanos era una medida inadecuada. En realidad la decisión pareció ser una respuesta rápida y poco complicada en su ejecución a las demandas hechas por los empresarios del t r a n s p o r t e.

Los diez centavos adicionales que ahora deben pagar los ciudadanos se suman a los aumentos internacionales del precio del petróleo y a los vicios del mercado interno de combustibles, y que impacta en casi todos los precios de los productos. Ahora hasta los propios transportistas comprenden que la decisión les perjudica a final de cuentas a ellos mismos y por eso creen que la liberación de los precios del transporte público sería una mejor solución para aumentar sus ingresos.

Sin embargo, una liberación de los precios del transporte público es probable que permitiría hacer llegar mayores fondos para las empresas transportistas; pero igualmente podría seguir disparando el aumento de precios de otros productos o servicios, que terminaría por aumentar sus costos y reducir sus ganancias.

Algunos sostienen que para evitar esas consecuencias y perjuicios políticos para el gobierno, deberían de concederse subsidios directamente a los ciudadanos. Es decir, que sean estos los que reciban el subsidio y no los transportistas; pudiendo estos aumentar los precios. No obstante esta solución, aunque mejor por cambiar de beneficiario directo, no evitaría que se recurra siempre a buscar fondos aumentando los diez centavos en el precio de la gasolina y exigiría una mejora administrativa y en los procesos de gestión de las empresas de los transportistas y las oficinas de gobierno, que no ha sido posible lograr hasta ahora por los intereses en juego.

Algunos funcionarios dicen que no son posibles otras medidas y no pueden ocultar sus preocupaciones por las elecciones de 2009, que probablemente demandan respuestas rápidas.

Mientras, la realidad exhibe otras opciones. Los medios de comunicación recogieron infinidad de propuestas razonables para evitar un aumento de los precios en general y del transporte colectivo en particular:
desarrollar una política energética que evite depender exclusivamente del petróleo; desarrollar una política de transporte que amplíe los medios y la oferta a una pluralidad de sectores y formas empresariales; apoyar económica y técnicamente la utilización de otros combustibles por los transportistas; utilizar fondos obtenidos por un tributo excepcional y de plazo limitado, es decir, por una contribución especial, para crear empresas estatales y municipales del transporte; aplicar medidas legislativas para asegurar mayor eficiencia de las empresas del transporte colectivo; asegurar compras colectivas de combustibles, repuestos y unidades por los empresarios, etc.

Como hemos dicho en otras oportunidades, se trata de superar intereses parciales para ejecutar decisiones de beneficio general. Hay que buscar nuevas alternativas del transporte público. No se puede seguir dependiendo de un servicio de buses y microbuses que han recibido beneficios y múltiples plazos para mejorar y todo sigue
igual.

Las medidas desde luego no son fáciles de ejecutar en un breve plazo; pero debe comenzarse a realizarlas desde ahora. Incluso talvez habría mejor disposición ciudadana al aumento del precio de los combustibles, si le dijeran que será por el plazo de un año o 6 meses, mientras entran en funcionamiento las empresas municipales de transporte, la revitalización de los trenes, la adaptación de las unidades a otros combustibles más baratos y otras medidas.