Asociación de empleados nacionalistas piden se les garantice plazas en el gobierno.

El presidente electo, Mauricio Funes, se pronunció ayer en contra de cualquier intento de promover una indemnización de funcionarios o empleados públicos del actual gobierno a través de la Asamblea Legislativa.

“No permitiré que se desvíe un solo centavo que deberá estar destinado a ayudar a los más pobres y necesitados de nuestro país”, aseguró Funes al referirse que no piensa “subsidiar a militantes políticos”.

Para el mandatario electo, el costo para asumir la indemnización podría ascender a $80 millones, una cifra onerosa en tiempos de crisis.

Al mismo tiempo, Funes confirmó que de llegar a aprobarse una propuesta de ese tipo en el pleno legislativo lo rechazará, pues su único compromiso es garantizar la estabilidad laboral con los empleados públicos. Las declaraciones del presidente electo se dan luego de que un grupo de empleados estatales y municipales, aglutinados en la Asociación Nacionalista de Empleados Públicos y Municipales (ANEPYM), anunció que se suman a la solicitud de que se promueva la estabilidad laboral de los empleados públicos y una indemnización para los que decidan retirarse voluntariamente.

“Los empleados nacionalistas son representados por nosotros sin violentar el sistema de libertades, pero para garantizar estabilidad laboral”, señaló el director ejecutivo de la asociación, Pastor Valencia.

Por lo anterior, ANEPYM se pronunció a favor de impulsar un decreto legislativo que garantice los puestos de trabajo de los empleados de gobierno y la indemnización de dos salarios por año a quienes opten por el retiro voluntario, incluidos cargos de confianza.

La propuesta ya ronda en los pasillos de la Asamblea Legislativa y ha comenzado a generar discusión entre los diputados, aunque los parlamentarios areneros se han desvinculado.

La Asociación rechaza que haya redactado el documento que circuló sin firma entre las fracciones, pero le parece adecuada la propuesta, pues los respaldaría en caso de quedar fuera de la reestructuración interna de las instituciones de gobierno.

Al mismo tiempo, ANEPYM avala que los empleados públicos que están bajo el sistema de contratos pasen a formar parte del grupo que se rige por la Ley de Salarios.

“Todos se merecen estabilidad a pesar de la ideología política”, concluyó Valencia.