Transparencia e información

FUSADES también promueve la ley de transparencia y acceso a la información como un aporte para fortalecer la institucionalidad.

Además, la propuesta de ley plantea la creación de un instituto de transparencia y acceso a la información pública.

Asimismo, propone eliminar la confidencialidad de los informes de patrimonio de los funcionarios públicos, con la reactivación de Probidad.

La entidad también sugiere reuniones periódicas públicas entre entidades encargadas del acceso a la información y combate a la corrupción.

Implica una coordinación entre entidades como la Corte de Cuentas del a República, la sección de probidad de la CSJ y el Tribunal de Ética.

La institucionalidad del país será uno de los principales retos para el nuevo gobierno, que asume el próximo 1.º de junio, y los cimientos para una reforma política se deberán de empezar a construir a partir de este año. Así lo plantea la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES).

Claudia Umaña, directora del Departamento de Estudios Legales de esa institución, considera que el primer año de la administración de Mauricio Funes será clave para dar pasos en el fortalecimiento de la institucionalidad del país.

“Este primer año hay que resolver una gran tarea pendiente anterior que tenemos como país, pero con la conciencia que vienen retos nuevos”, señaló Umaña en alusión a la crisis financiera mundial, que será la prioridad de la próxima administración.

Sin embargo, Umaña aseguró que las reformas políticas y el fortalecimiento de la institucionalidad del país no deben de ser pospuestas por atender la crisis, sino que deben verse como otra arma para enfrentarla.

“La crisis internacional demanda que el Estado cuente con instituciones fuertes y que nos pongamos de acuerdo en todos los temas; sino la crisis no la vamos a poder enfrentar de la misma manera”, recalcó.

No obstante, agregó que 2009 será clave porque se dará una renovación del Estado.

Javier Castro, analista de la Dirección de Estudios Legales (DEL) de FUSADES, recalca la necesidad de una reforma constitucional para que los magistrados de la Corte de Cuentas se elijan por mayoría calificada (56 votos), al igual que ocurre con la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) y la Fiscalía General (FGR). “Son los únicos funcionarios de elección de segundo grado que se eligen por mayoría simple y no entendemos porqué”, señaló Castro.

Citando el estudio de institucionalidad democrática, elaborado junto con la Universidad de Salamanca, Castro recuerda que existe “muy poca transparencia y limitada independencia en la actuación de los magistrados de la Corte de Cuentas”.

Carmina Castro, también analista de DEL, insiste en la necesidad de contar con una ley de acceso a la información para fortalecer la institucionalidad del país.