La democracia es una concertación social. Es una forma de gobierno en la que la voluntad expresa y consciente del ciudadano se debe manifestar con absoluta claridad. Para eso se necesitan suficientes elementos de información y la correspondiente capacidad para elegir; sabiendo a quién y por qué.

En El Salvador eso no existe. Nuestra normativa electoral es una de las más atrasadas de América Latina. Existe un Tribunal Supremo Electoral que es juez y parte y que, en su accionar solo toma en cuenta la ubicación y conveniencia política señalada por el partido y la propia.

Durante años diversas organizaciones han pedido incesantemente el cambio necesario en este aspecto, aunque nuestros legisladores no han tomado nota de estas peticiones, más bien, parecen sentirse cómodos en este esquema que les permite lo que en distintas ocasiones hemos llamado “secuestro político” de los ciudadanos por parte de los partidos políticos.

El momento es propicio para que la Asamblea aproveche este período para realizar los actos legislativos necesarios para avanzar, paulatinamente, en la construcción de una real y auténtica democracia, ratificando las leyes sobre las escuchas telefónicas, indispensable para el combate efectivo del crimen, y la que se refiere a la no permisibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, pese a las opiniones de aquellos que se identifican con un modernismo imitativo.

También se hace necesario aprobar las reformas que sustituirían a la actual Corte de Cuentas de la República, que no vigila la calidad y claridad de las finanzas públicas, por una contraloría que nos proporcione una información oportuna y trasparente.

Es necesario legislar sobre la estructuración del Tribunal Supremo Electoral, separando las funciones jurisdiccionales de las meramente administrativas, así como establecer requisitos más severos para aspirar a ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia y eliminar la secretividad de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos.

Nuestro temor viene de la manifiesta abulia de los padres de la patria por legislar en este sentido. Tienen siempre a flor de labio falsos razonamientos para mantener estático lo que les conviene que así sea: que ya no hay tiempo, que se necesita más estudio, que la redacción no es la más conveniente, que se necesita hacer consultas; en fin, puros pretextos que finalmente derivan en la continuidad de un sistema arcaico y perverso que impide dinamizar y desarrollar una democracia que ha votado por el cambio, pero que está secuestrada por los que precisamente no lo quieren.