Terminó la antigua Asamblea Legislativa el período señalado por la ley, sin que al final se tomara en cuenta la promesa de implementar los cambios que necesita el país para consolidar lo que se pretende sea una nueva democracia en El Salvador. Fue una verdadera decepción que las reformas de ley que los salvadoreños deseamos para sentirnos realmente representados no se efectuaran.

En efecto, las trasformaciones que el sistema electoral necesita son evidentes y lógicas, y solo la conveniencia personal y partidaria de los diputados impide su realización. No importa que figuren en el plan de gobierno que un partido propone a la nación, no importa que los diputados, en época de elecciones, pregonen su voluntad de efectuarlas si al momento de las realidades estas se diluyen en el compadrazgo general del que no escapa ningún partido político.

Los partidos mayoritarios dejan pasar con absoluta indiferencia los términos necesarios y vuelven a su cinismo habitual sin rendir cuentas sobre las promesas fallidas. Hablan en sus programas de lo importante que es hacer una reforma integral, implementar el voto en el exterior, promulgar una ley de partidos políticos, establecer el voto residencial y la integración multipartidaria de los consejos municipales, y en el momento oportuno se olvidan de lo propuesto y siguen transitando por el camino de la conveniencia del partido.

De lo que si están preocupados es de aumentar sus sueldos y de la extensión de sus mandatos, de eludir el pago de la deuda política, de seguir gozando de seguridad personal mas allá de su período y, si es posible, de ser nombrados como asesores de los nuevos legisladores. Afirmar que las elecciones son muy caras es un contrasentido si tomamos en cuenta lo que se gasta en otras cosas superfluas como viajes, vehículos, gasolina, excesivo número de guardaespaldas y otros derroches innecesarios, cuando existe una lacerante deuda social por atender.

Y son precisamente los integrantes de este ineficiente órgano del Estado los que se encargan de conformar las instituciones que son, supuestamente, los entes controladores del Estado de derecho. Eligen al fiscal general de la República, a los procuradores, a los magistrados de la Corte de Cuentas, a la mayoría de los miembros del Tribunal Supremo Electoral y a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Además, dejaron pendientes los requerimientos sobre legislación laboral, exigidos por la Organización Internacional del Trabajo, lo que tendrá como consecuencia que la Unión Europea anule las preferencias arancelarias para El Salvador en 2010, lo cual afectará las exportaciones de muchos de nuestros productos como la miel, la madera, los zapatos y otros más.

Por si fuera poco, eligen una junta directiva en la que el presidente debería ser, por lógica y justicia, miembro de uno de los partidos que obtuvo más votos; sin embargo, prefieren darle ese honor a uno de los personajes más controversiales de nuestra realidad política. Hay que aclarar que la abstención es también un pecado por omisión.

En fin, los salvadoreños que deseamos una patria mejor nos quedamos con un mal sabor, una profunda amargura y la sensación de que todo sigue igual; es más de lo mismo. ¿Será esto el fin de la esperanza?