Por Juan Héctor Vidal, columnista de LA PRENSA GRÁFICA/opinion@laprensa.com.sv
La destrucción de buena parte de la reserva ecológica de la finca El Espino para dar paso a la construcción de una moderna autopista ha venido a revivir el ya viejo dilema entre el desarrollo y la preservación del medio ambiente.
Idealmente, ese dilema no debería existir porque siempre hay opciones en el campo técnico y márgenes de actuación en la esfera legal e institucional para lograr un equilibrio razonable que favorezca a toda la población, donde sus exigencias de corto plazo no comprometan su calidad de vida en el futuro. Sin embargo, un caso que podría haber sido manejado con mayor solvencia ha adquirido otros matices, en la medida que está fomentando la polarización y el debilitamiento institucional.
A esto están contribuyendo las versiones poco coherentes entre instancias del mismo Órgano Ejecutivo que tienen injerencia en el proyecto. La falta de coordinación entre el MOP y el MARN ha sido aceptada tácitamente por sus máximas autoridades, dando la impresión de que los espacios para las acciones concertadas son limitados, aun al interior del propio gobierno.
Más preocupante resulta constatar —a juzgar por las versiones de los mismos funcionarios— que la autopista en construcción no está en concordancia con el permiso ambiental otorgado y que al menos los jefes edilicios de San Salvador y de Antiguo Cuscatlán, que pertenecen a partidos distintos, reconozcan que no se les tomó en cuenta como lo establece la normativa vigente.
Esto no significa otra cosa que admitir que la ley solo tiene para algunos funcionarios un significado relativo, y en el mejor de los casos, que en la administración pública existen islas que funcionan con agendas propias que comprometen la coherencia y el sentido de propósito que deben estar siempre presentes en las políticas públicas.
En cualquier caso, ello denota falta de respeto a los intereses de la mayoría. Nadie discute la importancia de la obra en cuestión; más bien pensamos que los amigos ministros tienen uno y mil argumentos para justificar el proyecto, tanto desde el punto de vista económico como social. El punto está en el método y la forma empleados para llevarlo a cabo.
Entramos así a otro campo igualmente sensible. En efecto, a partir de la falta de tacto político implícito en ese comportamiento, ya empezaron a contaminar el caso los intereses partidarios, los cuales a su vez están siendo vinculados —como era de esperarse— a los de grupos económicos, aunque momentáneamente todo se siga manejando en la esfera pública.
Para complicar las cosas, el caso de la autopista se da solo semanas después de que saliera a luz pública la decisión del MARN de autorizar la expansión de la cancha de golf de un reconocido club social, pasando también por alto la autoridad del Concejo Municipal de San Salvador y de la OPAMSS.
Todo esto ocurre, en circunstancias en que es cada vez más dramática y peligrosa la vulnerabilidad del país ante la presencia de fenómenos naturales, que invariablemente afectan con mayor rigor a los sectores más desprotegidos por la acción estatal.
En descargo de la responsabilidad que en el caso comentado le corresponde al MOP, se le debe dar crédito por la labor que está realizando en áreas relacionadas, como la reparación de los daños causados por el Stan, la construcción de obras de prevención y mitigación de riesgos y el ordenamiento territorial.
En esto se nota una actitud diferente a la de administraciones anteriores. Esperamos además, que cumpla con su compromiso de realizar las obras de compensación que corresponden en el caso de la moderna autopista.