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La posibilidad de que la conformación de los principales órganos del Estado cambie tras las elecciones de enero y marzo han puesto en primer plano la necesidad de reformar el sistema electoral a corto plazo.

Escrito por Karla Ramos/Jéssica Ávalos

Las elecciones municipales y legislativas de este próximo domingo, así como las presidenciales del 15 de marzo moverán las aguas para el Tribunal Supremo Electoral (TSE), al poner en una perspectiva más realista y necesaria la posibilidad de una reforma profunda al interior de este organismo y de todo el proceso electoral salvadoreño.

Al menos esa es la proyección que hacen tres magistrados de este organismo y un representante de la Junta de Vigilancia Electoral (JVE) que participaron en el Foro Político de LA PRENSA GRÁFICA.

“Creo que la institucionalidad democrática del país debe ser reformulada después de este evento electoral”, afirma de forma tajante el magistrado presidente, Walter Araujo, y al hablar de una nueva institucionalidad enumera lo que esta deberá abordar: un nuevo diseño del TSE que incluya la reforma constitucional del artículo 208 y el inciso 19 del artículo 131, entre otros. Además, agrega crear un nuevo código electoral y una ley de partidos. Araujo incluso señala el plazo fatal para realizar estas reformas, sobre todo la constitucional: antes del 1.º de mayo, fecha en que debe asumir la nueva Asamblea Legislativa.

Su visión es compartida. Eugenio Chicas, quien representa al FMLN en el TSE, habla de “carencias estructurales” y por tanto ve la necesidad de, ahora sí, crear “un nuevo pacto, un nuevo acuerdo que permita acelerar la democracia en El Salvador, y en ese sentido dar un nuevo rol a las instituciones”, y por eso a la lista Chicas suma un ley de financiamiento de partidos y una ley de procedimientos electorales.

Eduardo Urquilla, magistrado representante de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), habla de tres reformas “imprescindibles”: la separación de las funciones del TSE, la creación de los concejos pluripartidistas y un nuevo diseño del registro electoral.

Ciro Alexi Zepeda, representante de la JVE y miembro del PCN, agrega: “Un tribunal manejado por los políticos no es beneficioso para el país”, al reforzar la necesidad de dividir las funciones administrativas y jurisdiccionales de la entidad.
Hoy sí oídos abiertos

Pero la necesidad de reformar el TSE y el sistema electoral no es nuevo. Representantes de la sociedad civil, gremiales empresariales y organizaciones como la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) o la Fundación para el Desarrollo (FUNDE) han insistido en lo mismo y se han encontrado con el mismo valladar: Los diputados representantes de los partidos políticos que administran el TSE dicen estar de acuerdo, pero no avanzan en el tema.

Sin embargo, ahora los magistrados dicen que sí es el momento, y dicen que los partidos deben atender estas voces.

“Es importante que el país, de una vez por todas, se deje de demagogias. El primer reto es que concluidos y declarados firmes los resultados de la elección presidencial y terminado el escrutinio final de diputados, la Asamblea tiene hasta el último día para impulsar una reforma”, insiste Araujo, “porque si no al próximo TSE, como a este, no le exijamos algo que no será posible”, refuerza.

Chicas confirma que un cambio de correlación de fuerzas es la que les obliga ahora a ya no obviar las peticiones de reforma, porque podría tener un costo político alto. “Parte de la expectativa que hay es que la institucional que surja de este proceso electoral asuma la posibilidad de actualizar nuestras instituciones”, explica.

Zepeda es menos confiado y dice que la próxima Asamblea podría dedicarse a “desmantelar” leyes que los afecten, aunque reconoce que de la “aritmética” que se logra este domingo “se pueden hacer muchas reformas”.
Otras entidades en mira

A la lista de reformas que se requieren a partir de estas elecciones no escapa el registro electoral, el Registro Nacional de Personas Naturales (RNPN) y el sistema de emisión de partidas en los 262 municipios. En este punto los magistrados y la JVE difieren.

Actualmente hay una diferencia de más de 960,000 salvadoreños en el registro electoral y el censo de población más reciente (ver nota secundaria), por eso para los magistrados es necesario diseñar el registro, pero a la vez reformar al RNPN y su conformación. “Hay qué ver quién debe manejarlo”, dice Araujo.

Chicas le da algunas opciones: darle a la Asamblea la potestad de elegir al registrador nacional por mayoría calificada, devolver el registro al TSE, y la “más light y rápida”: ampliar la junta de directores del RNPN. Zepeda, quien representa a las comunas en el RNPN, salta y dice que eso “sería un error”, y llama a que “la mesa de torogozones” se siente y tome decisiones claras.