La justicia en El Salvador deja mucho, mucho que desear. Las injusticias son interminables. Tanto aquellas que, amparándose en el dinero y el poder, logran evadir la justicia alegando que corren peligro en la cárcel, amañando escenas del crimen, aprovechando el vacío de las malas leyes y los “buenos”, costosos y pícaros litigantes; como aquellas injusticias cometidas contra personas inocentes, sobre todo las que no tienen recursos ni relaciones. En la cárcel ciertamente no están todos los que deberían estar, y están muchos que no deberían estarlo. Este es el caso de Karina Herrera Clímaco, injusticia con nombre y apellido.

A raíz de un artículo publicado en el New York Times (9/4/06), un grupo de personas, impactadas por la historia de Karina, conforman Mujeres Solidarias. Desde entonces luchan para evitar la injusticia en el caso de Karina, quien ya lleva siete años en la cárcel de una condena de 30. Ellas, quienes merecen todo mi respeto, me han hecho llegar información sobre el caso, el cual también me ha conmovido.

Karina encarna la dramática y generalizada historia de muchas mujeres pobres en nuestro país: a sus 16 años tuvo su primer hijo, otro a los 18 y un tercero a los 20, de los cuales el padre no asume plenamente sus responsabilidades. Esta situación la llevó a solicitar una esterilización en el Hospital San Bartolo el 29/11/2000. A pesar de ello, a mediados de 2001, Karina se encuentra de nuevo embarazada. La operación fracasó. A Karina no le queda más remedio que aceptar la nueva responsabilidad. El 17/1/2002, mientras dormía, su madre la encuentra ensangrentada y semiinconsciente, llama al 911 y se la llevan de emergencia al Hospital San Bartolo. El personal médico que la atiende diagnostica aborto y lo reporta a la Fiscalía. Sin embargo, cuando la madre regresa a casa, encuentra en la cama ensangrentada el cuerpo de la criatura unido a la placenta. Así, mientras Karina todavía estaba en el hospital, el 20 de enero, fue detenida por las autoridades.

Se le abrió un proceso por el delito de “aborto consentido y propio”, con pena máxima de tres años. Pero luego la Fiscalía, que con tanta timidez trata los delitos de cuello blanco, modifica la tipificación por “homicidio agravado”, cuya pena va de 30 a 50 años. Se inicia así un juicio (21/11/2002) plagado de deficiencias en la defensa, ausencia de médico que la atendió, inadecuado informe forense, etc. Indagaciones posteriores de expertos internacionales señalan que no existió evidencia de homicidio, y abogados consultados por Mujeres Solidarias afirman que no hubo adecuado derecho a la defensa.

Si la justicia no llega y no se aceptan las apelaciones de su caso, Karina pasará lo mejor de su vida en la cárcel, 23 años sin poder estar cerca de sus hijos. Mientras muchos importantes corruptos, ladrones y traficantes que contribuyen a la pobreza en nuestro país andan libres, algunos pobres ni siquiera tienen libertad para ejercer su pobreza.