La nueva estructura de las áreas de gobierno encargadas de la seguridad pública y la justicia también ha generado discusión entre Mauricio Funes, presidente electo, y su partido, el FMLN. Como en el caso de Gobernación, se trata aquí de diferentes visiones sobre el funcionamiento del ministerio y sobre las personas que ocuparán los cargos titulares del ramo.

La propuesta que Funes escuchó de su equipo de políticas públicas, en el área de seguridad, fue separar el área de justicia de la de seguridad pública, según confirmó una fuente cercana al proceso de transición presidencial. El FMLN; sin embargo, apuesta por mantener unidas las dos áreas en una sola cartera.

Desde el principio, el presidente electo encomendó a la jueza primera de Ejecución de Medidas al Menor, Aída Santos de Escobar, como encargada de esta parte de la transición. El ex diputado Manuel Melgar también fue nombrado como parte del equipo. Muy pronto, el FMLN introdujo al diputado Benito Lara como parte del grupo asignado a seguridad pública. Según dos fuentes efemelenistas, el partido propuso a Funes que Melgar y Lara fuesen los titulares del área. Surgieron; empero, dos problemas: resquemores de Estados Unidos ante la figura de Melgar y el “impasse” en la discusión sobre la separación o no de justicia y seguridad pública.

Tres personas cercanas al proceso de transición confirmaron que la Embajada de Estados Unidos envió a Funes y al FMLN mensajes de preocupación sobre el posible nombramiento de Melgar como ministro de Seguridad Pública, por la presunta participación del efemelenista en un ataque contra marines estadounidenses en la Zona Rosa de San Salvador durante el conflicto armado de los ochenta. “Incluso llegó a decirse que podía estar en riesgo la ayuda que Washington presta al área de seguridad”, expresó una fuente que participó en las discusiones sobre seguridad pública.

Fuentes cercanas al proceso confirmaron la preocupación de Estados Unidos por el posible nombramiento de Melgar al frente de Seguridad Pública, en virtud de la llamada Ley Leahy, que inhibe a Washington otorgar fondos a personas sospechosas de cometer actos terroristas contra estadounidenses.

El próximo ministro de Seguridad será uno de los funcionarios clave en la administración del dinero que Estados Unidos otorgará al país a través de la llamada Iniciativa Mérida, encaminada al combate del narcotráfico en la región centroamericana.