Entre las medidas que el presidente anunciará el 1.º de junio se incluye la focalización de subsidios, sobre todo en el gas.

La formulación de un programa de trabajos temporales durante al menos 18 meses, y que obligan a acelerar algunos programas de inversión pública, no solo a nivel local sino nacional, será parte de las medidas que Mauricio Funes, presidente electo, presentará este lunes durante la toma de posesión.

Fuentes del equipo de gobierno del mandatario electo confirmaron que dicho plan, similar al propuesto por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) en su estrategia quinquenal, también incluirá una especie de seguro de salario, que le garantice a los salvadoreños tener un ingreso garantizado, aunque este puede no ser ni siquiera el salario mínimo.

“Se están afinando algunos detalles, pero ese plan de trabajo es una forma de cumplir con la meta de generación de empleo y una forma de atender la crisis”, afirmó la fuente.

Funes prometió durante su campaña que en el primer año esperaba generar con apoyo de las comunas al menos 26,000 empleos con su programa Fábrica de Empleos, pero según datos que él mismo maneja solo en los últimos meses se han perdido cerca de 30,000 trabajos en el país.

Para la generación de empleo se han analizado algunos proyectos insignes como la carretera Longitudinal del Norte y el puerto La Unión, pero también se hará una revisión de otras obras que no fueron ejecutadas como es debido en el Gobierno actual.

La focalización de subsidios es otra de las medidas que se confirman será presentada en el discurso de toma de posesión, y ahí el punto fuerte será la oferta para reducir el gasto de gas propano. Según uno de los nuevos funcionarios del Gobierno entrante, la propuesta implicará que el precio del producto se ajuste al del mercado, y que el precio subsidiado de $5.14 se mantenga solo para las familias más pobres. Otra fuente agrega que ese precio podría rondar los $10, un precio que se considera que las familias de clase media hacia arriba “bien pueden pagar”.

La meta es recuperar un ahorro de por lo menos $100 millones, que se destinarían a programas sociales. Solo el año pasado, el pago de subsidios le significó al Estado una erogación cercana a los $500 millones.