Mauricio Funes

Dos funcionarios públicos y un politólogo coincidieron en que una solución al problema delictivo en el país es reforzar los recursos de la Fiscalía y Policía para mejorar, entre otras cosas, la investigación científica. Sobre una ley de desarme, responden con matices.

Escrito por Suchit Chávez/Efren Lemus

Crítica a la labor policial, necesidad de una depuración constante, ahondamiento en el combate a la corrupción, prevención y falta de profundidad en las medidas que el gobierno del presidente Mauricio Funes ha planteado hasta el momento en el área de seguridad pública fueron los ejes temáticos que tres invitados analizaron durante un foro de LA PRENSA GRÁFICA que analizó el primer año de gestión presidencial.

El presidente de la comisión de Seguridad de la Asamblea Legislativa, el diputado Antonio Almendáriz, el fiscal general Romeo Barahona y el politólogo Óscar Godoy tuvieron puntos de coincidencia al admitir que la criminalidad en general, y particularmente los homicidios, han desbordado las capacidades de las autoridades, y que el enfoque para contrarrestar los efectos de la delincuencia ha fallado, o ha carecido de elementos que le den fortaleza —capacidad, recursos, número de personal—. El incremento no fue negado por ninguno.

Pese a que al foro se invitó a los responsables de garantizar la seguridad de los habitantes de la República y de dar cuenta directa de la ineficiencia de los planes gubernamentales hasta ahora impulsados, estos declinaron participar en el evento de rendición de cuentas a pesar de que dos de ellos ya habían confirmado su participación.

Las interrogantes se dirigieron acerca de la percepción de los invitados sobre el problema de seguridad, y cuál consideraban ellos era el principal de los factores de inseguridad, las fallas, el rol de la Fuerza Armada (FAES) y la propuesta de una veda de armas a escala nacional.

¿Qué pesa más?

Almendáriz achacó parte del crecimiento de la delincuencia al desmontaje “de tajo” de algunos cuerpos de seguridad del pasado —debido a la implementación de los Acuerdos de Paz, en 1992— sin “rescatar la experiencia en investigación”. El funcionario añadió que “se disolvió por aspectos políticos, aquellas patrullas cantonales y las escoltas de barrios y colonias porque se hablaba de que era un estado policial. Pregunto ahora, ¿qué preferimos, un estado policial en el que había garantía en el campo y en la ciudad o una cosa que por decir democracia exista un secuestro por parte de la delincuencia del país?”, y remató que “la delincuencia ha secuestrado el país”.

Sin embargo, ante la visión de que las anteriores estructuras de seguridad —que mencionó el diputado Almendáriz— eran más efectivas se contrapuso la opinión del politólogo Óscar Godoy, quien asegura que “lo que pasa es que en este país no ha habido políticas públicas de seguridad, en el sentido estricto de lo que implica una política pública”, y detalló que “se sigue concibiendo la violencia y la delincuencia, y su prevención y su lucha, desde una perspectiva eminentemente electoral, y en un segundo momento se sigue percibiendo solo desde la perspectiva de seguridad pública”, ante la supuesta falta de enfoque para la problemática a lo largo de los últimos años.

Para Barahona, en cambio, un factor de incidencia determinante es el rezago de las instituciones del Estado ante la criminalidad. “Lo que ha ocurrido es que (con) el alto índice delincuencial no ha ido un crecimiento con el fortalecimiento de las instituciones que tienen que ver con la aplicación de la ley, llámese Policía, Fiscalía y tema penitenciario”, dijo.

Papel de la fuerza armada

El diputado Almendáriz se mostró en total acuerdo con la ampliación de facultades que le fueron dadas a la Fuerza Armada (FAES), institución que apoya a la Policía en labores de seguridad pública, y ampliados a partir de mayo. Incluso pidió más. Para el legislador “o se le deja la facultad para poder hacerlo de un solo, y no solamente reprimida; porque entonces puede causar en la población una decepción de que pierda confianza”, y agregó que “es peligroso el que se le dé facultades limitadas”.

El fiscal Barahona mantuvo una postura sobria en que el mayor aporte que por el momento puede dar la FAES es la prevención del delito, tanto a nivel de patrullajes, como al interior de los centros penitenciarios —medida que dentro de poco será adoptada—, pero que deben ir acompañados de otros recursos, como uso de tecnología, entre otros.

Pero fue Godoy el crítico más duro. “¿Cuál es la comunicación política que se le da al país al sacar a la Fuerza Armada a la calle? Es Estado fallido en materia de combate a la delincuencia, Estado fallido”, dijo. El politólogo incluso remató con: “¿Es la Fuerza Armada un instrumento útil hoy para trabajar en seguridad pública? ¿O va a ser un acompañante del fracaso de las estrategias de combate a la delincuencia? Es un riesgo y ahí coincido con el diputado”.

El profesional, sin embargo, no desechó el uso de los militares, pero dentro de otras estrategias —“que la fuerza armada no se salga de su canon de seguridad nacional”—, en colaboración con la PNC en el control del territorio nacional —facultad de la FAES según la Constitución—, puntos ciegos, registros preventivos… para allanar el camino a los agentes policiales.

El principal problema

Sin embargo, hubo un frente común al considerar el principal problema de seguridad el país: el crimen organizado. Cada uno de los panelistas, empero, dio su matiz al tópico. El fiscal Barahona no solo habló de crimen organizado, sino de narcotráfico y tráfico de personas —entre otros— como factores que incrementan la incidencia de homicidios.

Para Almendáriz, a la operatividad del crimen organizado hay que sumarle que “dentro de la Policía Nacional Civil falta mística, mística de trabajo. Se les inculca el espíritu de servicio y sacrificio, pero las quejas que tenemos en las distintas poblaciones es que no reflejan eso que se les inculca en la academia”.

Pero el politólogo Godoy lanzó una crítica velada a las altas autoridades policiales. “Primero, el liderazgo de la Policía es débil, es un liderazgo que no comunica fuerza, no comunica contundencia, como debe ser en seguridad, no comunica capacidad ni destreza, me refiero a los liderazgos estratégicos y no a sus mandos medios y su aparato, una Policía que concibe el manejo de la delincuencia en el país con referencia histórica de hace 20 años, esos son fundamentalmente los problemas”.

El factor corrupción

La efectividad en el combate a la delincuencia requiere instituciones fortalecidas, capaces de cerrar espacios para que los funcionarios y empleados públicos no caigan ante la tentación de los sobornos, dijeron los participantes.

“Si el tema de corrupción no pasa a ser parte de una estrategia de seguridad, desde ahí uno está fomentando prácticas irregulares en el manejo de las funciones públicas. Si las instituciones se están debilitando y las ofensivas de las mafias y las organizaciones del crimen se incrementan, cualquier funcionario puede ser vulnerable”, dice el politólogo Óscar Godoy.

El fiscal general y el diputado de la comisión de seguridad de la Asamblea Legislativa reconocen la amenaza de la corrupción y coinciden en que las instituciones estatales deben de fortalecer los mecanismos de fiscalización interna y externa. “Primero los procesos rigurosos de selección y después una auditoría permanente de nuestro personal”, dice Barahona. “Hay que hacer una vigilancia o una auditoría, pero no solo en el sentido de corrupción”, agrega Almendáriz.

El político cuestionó el desempeño de Probidad, instancia de la Corte Suprema, encargada de investigar el patrimonio de los funcionarios. “Nunca he visto que la oficina de Probidad haya descubierto o haya procedido contra algún caso”, lamenta.