El procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Óscar Luna, dijo que investigan denuncias de intimidaciones de funcionarios y particulares para que voten por un determinado partido político.

Luna explicó que indagan sobre coacciones por parte de funcionarios públicos y privados contra sus empleados para que voten por un partido político.

De acuerdo con Luna, la PDDH cuenta con varias denuncias de trabajadores que aseguran haber sido reunidos en las últimas semanas por sus jefaturas para señalarles por cuál partido político deben de votar.

Aunque el defensor de los derechos humanos no especificó de qué instancias públicas y privadas se trata, agregó que han comenzado a investigarlos para deducir responsabilidades.

“Quiero hacer una denuncia pública para todas aquellas instituciones, funcionarios, gerentes, directores o quienes sean que han estado intimidando, coaccionando, realizando cualquier tipo de amenazas para que empleados de sus instituciones inclinen su voto hacia uno u otro partido. Eso es grave en nuestro país”, señaló Luna.

El funcionario dijo que, de confirmarse esa acción, los empresarios podrían ser acusados del delito de coacción o fraude electoral: “Cualquier funcionario que emita ese acto, quiero decirle que eso es un delito que está sancionado en el Código Penal, es el delito de coacción, y el delito de fraude electoral”.

El resultado de esas investigaciones, explicó Luna, se darán a conocer después de las elecciones de alcaldes y diputados: “Nadie puede limitar el ejercicio del voto, es un derecho”.