Henry Campos/Columnista de LA PRENSA GRÁFICA
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El Tribunal Supremo Electoral fue más allá y en su propaganda pagada sostiene que se confirma la transparencia del registro y se garantizan los procesos electorales de 2009.

Hay mucha diferencia entre lo transparente y lo confiable. Lo que afirma la comisión de la OEA es que el registro es digno de confianza o que nos podemos fiar del mismo; pero no ha demostrado que el Registro Electoral contiene datos ciertos o que corresponden a la realidad. Mucho menos que se trata de datos de conocimiento público, sometido a buenos controles, con normativa apropiada y con responsabilidades y sanciones bien diseñadas para protegerlo.

En todo caso la presunta auditoría y su procedimiento no ha sido publicada integral ni parcialmente, de tal forma que pueda evaluarse. Lo que se sabe ha sido gracias a una versión que nos han dado las autoridades y los partidos políticos, por medio de propaganda y a través de informaciones publicadas en los medios de comunicación.

Los técnicos publicaron anuncios llamando a los ciudadanos a proporcionarles información sobre irregularidades, no dieron participación a organizaciones ciudadanas, no accedieron al registro electoral sino que las instituciones les proporcionaron algunos datos, tomaron muestras de algunos ciudadanos y las compararon con los datos proporcionados por unas alcaldías y no contrastaron su veracidad. Fue un trabajo de escritorio donde hubo más espera que búsqueda. Lo que se sabe del procedimiento revela que no se trató de una verdadera auditoría, sino de un examen parcial y que sus afirmaciones son correctas dentro del lenguaje diplomático, pero insostenibles dentro del lenguaje con sentido común.

Tal comportamiento es muy común en nuestro país y a veces nos conformamos con afirmaciones no sustentadas. Incluso algunos periodistas se conforman con las simples afirmaciones de un entrevistado, cuando se refiere a hechos.

Este es el caso de los datos de los homicidios. Si antes a los ciudadanos nos deberían ofrecer acceso a expedientes y otras informaciones para corroborar las estadísticas de la Policía, la Fiscalía y el Instituto de Medicina Legal, ahora que entre las tres instituciones negocian los datos para obtener una cifra única, con mayor razón las mismas deberían proporcionar el respaldo de sus datos, ofreciendo acceso a expedientes, libros de registro, consultas con empleados y funcionarios, etcétera.

Sobre los datos de homicidios ha habido esfuerzos periodísticos y de investigadores independientes por obtener los mismos. Por ejemplo cuando se conoció el informe del PNUD sobre la eficacia de la investigación policial y trabajo fiscal, que confirma que existen problemas de gestión que entorpecen la buena administración de justicia, el director de Medicina Legal llegó a sostener que algunos datos procedentes de sus archivos no eran ciertos. Como consecuencia de ello los investigadores Díaz-Blanco solicitaron información sobre los homicidios registrados por esa oficina y así contrastarlos. Medicina Legal nunca proporcionó esa información. Eso hace sospechar que la falta de transparencia de estas oficinas se debe a que ocultan la verdad sobre los datos.

Sobre los datos de homicidio ninguna fuente independiente ha contrastado los mismos con las diferentes informaciones de la Policía, Fiscalía, fichas hospitalarias y documentos de las alcaldías municipales.

El periodista, los ciudadanos y las instituciones creíbles deben proceder con cortesía, pero no están obligados a conformarse con simples palabras o a aceptar versiones de los servidores públicos, para no infringir la práctica diplomática.