“Esto no es ‘Supermano Dura’”

La oferta electoral de ARENA busca distanciarse de las recetas que este partido ya probó.
Carlos Carcach, encargado del plan de seguridad pública, dijo que el enfoque es integral. “Esto no es ni ‘Mano Dura’, ni ‘Supermano Dura’”, sostuvo.

La propuesta habla de una ley especial de pandillas, que las califica como organizaciones criminales. “No son un club social”, sostuvo Carcach.

La idea es que existan “reglas claras para definir lo que caracteriza a una pandilla y establecer una vinculación entre un individuo y la pandilla”.

El plan de gobierno retoma recetas ya aplicadas por el candidato Ávila, cuando fue director de la PNC, como crear grupos de combate especializados.
Así, se habla de tribunales y procedimientos judiciales especializados. La creación de un grupo élite dentro de la PNC y el centro antipandillas.

Fortalecer la inteligencia penitenciaria y una unidad de policía preventiva, y una red de convivencia social también forman parte de la propuesta.

Parte de la propuesta de seguridad del plan de gobierno de ARENA tiene semejanzas con la manera en que las autoridades en Estados Unidos han combatido pandillas.

Julio Marenco / Corresponsal LPG desde Washington, D.C. / En Estados Unidos

Declarar a las pandillas como grupos criminales, establecer grupos especiales combinados entre fiscales y policías. Esos son algunos de los planteamientos del componente de seguridad pública del programa de gobierno ciudadano 2009-2014 “País más justo”, de Rodrigo Ávila.
El plan de Ávila en sus puntos referentes a seguridad pública reconoce en las pandillas a su principal problema. “Sí, es un problema prioritario”, dijo Carlos Carcach, asesor del plan en lo referente a seguridad pública.

Así, el equipo propone la creación de una ley especial de pandillas, esta ley declara a las pandillas como organizaciones criminales. Además, establece tribunales especializados y procedimientos especializados para delitos cometidos por pandillas.

Esos preceptos guardan algunas similitudes con la forma en que las autoridades estadounidenses han combatido a las pandillas en su territorio.
De hecho, en 2007 una corte federal de Greenbelt, Maryland, inició un proceso contra 22 miembros de una pandilla en la que por primera vez se les consideró como un grupo criminal y en el que la pertenencia a la pandilla les acumuló penas adicionales a los delitos que cometieron por separado. La pandilla, que opera en la zona metropolitana de Washington, tenía entre sus miembros a varios salvadoreños.

Los pandilleros fueron juzgados aplicando los criterios de la Ley contra y organizaciones corruptas, conocida por sus siglas en inglés como RICO, una ley aprobada en 1970 y originalmente pensada para combatir a las mafias organizadas alrededor de negocios como los casinos, el fraude bancario y de seguros, el lavado de dinero y la extorsión.

La ley RICO es parte del Código Penal estadounidense y detalla una larga lista de actividades consideradas delictivas que, conducidas individualmente o por grupos de personas implican penas adicionales. Se incluyen el robo, el soborno, la extorsión, el lavado de dinero, el tráfico de sustancias prohibidas, la falsificación de dinero y documentos, el secuestro, el asesinato, el sicariato en todas sus formas, la apropiación indebida, así como la coacción para cometer cualquiera de los delitos enlistados.

Luis Mario Rodríguez, coordinador del plan, asegura que en la propuesta se han subsanado los señalamientos de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justicia a la ley antipandillas, impulsada por Francisco Flores, y que también hacía el nexo criminal por asociaciones ilícitas. “La Constitución es muy clara cuando dice que el Estado puede perfectamente someter a medidas readaptativas a aquellas personas que representen un peligro para la sociedad. En la pandilla hay personas vulnerables, trataremos de extraerlas y llevarlas a una readaptación que no es ni una cárcel, ni es una pena”, explica.

Carcach destacó que existirán reglas claras para hacer esa identificación de pandilleros. “Ahora el punto de partida de esto es que no es un club social”, sostuvo.
Mientras, el abogado Jeff Grell, especializado en esta ley, dijo que esta “es muy amplia y depende mucho de la creatividad y la exhaustividad de un abogado o un fiscal para poder utilizarla en contra de un acusado”. Agregó que incluso “las cortes (de EUA) tienden a ver más favorablemente los casos presentados bajo la ley RICO cuando hay prueba de un auténtico acto criminal”.

Así, la jueza Deborah Chasanow consideró válido el criterio de los fiscales federales y del estado de Maryland para demostrar los ilícitos como parte de una asociación delictiva. Las penas impuestas en este caso fueron desde 22 años a cadena perpetua.