Una de las principales pruebas que enfrentará el próximo gobierno liderado por Mauricio Funes es generar políticas públicas que no solo garanticen la generación de nuevos empleos, sino, sobre todo, garanticen que se puedan conservar los empleos ya existentes.
En eso coinciden empresarios y analistas que ven “difícil” el cumplimiento de crear 200,000 nuevos empleos como lo prometió Funes durante la campaña electoral, por el retroceso que está registrando la actividad económica, y que, según la calificadora de riesgo Fitch Ratings, podría llevar la tasa de crecimiento del país a -0.5% del PIB para el cierre de 2009. “En este año, la generación masiva de empleos que se planteaba no va a venir, creo que ahora más bien que de lo que hay que preocuparse es cómo defendemos el empleo que se tiene, aunque hay que buscar el estímulo y la inversión para que esto siga creciendo”, advierte Roberto Rubio, analista y director de la Fundación para el Desarrollo Nacional (FUNDE). “Ya no se trata tanto de generación de empleo, de fábricas, feria del empleo, sino que ahora es defensa del empleo, porque ya estamos perdiendo empleo”, insiste Rubio.
Es más, en las cifras que maneja el presidente ya electo, hasta la fecha se han perdido al menos 25,000 empleos en los últimos meses, solo 1,000 menos de los que prometió generar en su primer año de gestión, en febrero pasado, cuando lanzó su programa “Fábrica de empleos”. A eso se suma que —de acuerdo con las cifras manejadas hasta inicios de año por la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), aunque la inscripción de nuevos cotizantes al Seguro Social, que sirve de medición de la generación de empleo, sigue creciendo— la tasa es menor que años anteriores. Mientras que de enero a noviembre de 2007 el número de cotizantes creció 7.4%, este cayó a 3.2% de enero a noviembre de 2008.
Por eso, en las estrategias de cómo defender el empleo ya existente, los empresarios y analistas señalan como prioritario el envío de señales positivas a los inversionistas nacionales y extranjeros, impulsar proyectos de infraestructura y mejorar el acceso al crédito. “Para mí, la prioridad más importante es una apertura y orientación del crédito hacia los sectores productivos. Aquí tienen que hacer un esfuerzo con la banca, y el Estado tiene que jugar un papel importante de ver cómo se le llevan los recursos para que no se produzcan más problemas de desempleo, más cierre de empresas”, agregó el analista Ricardo Perdomo durante una entrevista televisiva.
Hasta el 23 de febrero pasado, de los $400 millones que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) facilitó para inyectar recursos por medio del sistema financiero al sector productivo, se habían desembolsado $155.2 millones.
Perdomo agrega también como una de las medidas para conservar el empleo es apoyar iniciativa como la FUNDE y la Agenda Internacional de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), y que consiste en un “diálogo social para defender el empleo” y aumentar la productividad nacional: “Están patrocinando para que los trabajadores y los empleadores lleguen a acuerdos básicos sobre este tema”.
En el mismo sentido se pronuncia el analista Joaquín Samayoa, que considera que es momento de que las empresas compartan también los sacrificios de la crisis. “Hay que cambiar modelos de administración de las empresas y asumir conjuntamente los riesgos de la crisis”, y que incluso replantearía una distribución de las utilidades y pérdidas entre empresarios y trabajadores.
A eso, el sector privado suma la necesidad de políticas públicas pero “claras” que permitan a sectores como la industria y la construcción recuperarse. “Se requieren todas las medidas necesarias para conservar los empleos. Sabemos que la misión del sector privado es generar empleo y queremos, pero hoy por hoy estamos concentrados en conservar los que ya se tienen… No podemos casarnos con una cifra, pero con lo que sí podemos comprometernos, que en la medida en que tengamos políticas públicas claras, es seguir invirtiendo”, afirmó Raúl Melara, director ejecutivo de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP).
Melara insiste, en ese sentido, que necesitarán de “incentivos para que se facilite esta conservación y generación de empleos”, y al enumerarlos habla de políticas sociales para sectores pobres, agilizar la titularización de empresas y apostarle a más políticas sectoriales, sobre todo para la industria y construcción, “porque son multiplicadores del empleo”. Solo construcción, en su índice de actividad económica, registra una tasa negativa de -16.5% a diciembre de 2008.
“Hay que motivar el desarrollo de las empresas porque los empleos no se pueden hacer ni por decreto ni por acuerdos políticos cuando hay burocracia”, agrega Jorge Daboub, al referirse a otras medidas que permitirán apostarle al crecimiento.
Los empresarios también plantean que hay que apostarle a la construcción de infraestructura, como carreteras, presas, plantas energéticas, puertos y aeropuertos.
Por su parte, la Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) habla de crear una legislación de reactivación del empleo, y empresarias como Elena de Alfaro plantean la posibilidad de plantear la flexibilidad laboral y crear medias jornadas para incentivar la producción y crear nuevos empleos en medio de la crisis. “Porque hay familias en las que ambos han perdido o van a perder el trabajo. Entonces para evitarlo o tratar de disminuir el efecto, es necesario ver si podemos, temporalmente, permitir la flexibilidad laboral”, explicó.
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