La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) se alista a reimpulsar una serie de leyes y reformas al interior de la Asamblea Legislativa para reforzar el sistema de transparencia en el país.

Una de ellas y que está vinculada a la ley de acceso a la información –tema del que hay tres proyectos al interior de la Asamblea Legislativa– es la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Claudia Umaña, directora del Departamento de Estudios Legales (DEL) de la fundación, afirma que, tras consultar con varios sectores, han concluido en que la Sección de Probidad debe reactivarse. Pero la fundación va más allá, ya que trabaja en una propuesta de reforma a la Constitución para eliminar precisamente la confidencialidad de los informes de estado del patrimonio de los funcionarios públicos.

“Creemos que es un buen momento de reformar, porque esto le podría dar más pauta para que la institucionalidad que se encargue de transparencia también pueda conocer de estas declaraciones de probidad y hacer investigaciones del caso”, afirma Umaña.

La reforma implicaría una modificación al artículo 240 de la Constitución, en su párrafo 3, que establece: “La Corte tiene facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración, la que mantendrá en reserva…”.

La directora de DEL explica que la petición de levantar la reserva no implicaría conocer todos los montos. “Hay cierta información que puede reservarse, pero el monto original y si hay un injustificado aumento en el patrimonio eso no debe ser reservado, sino público, para que los ciudadanos sean auditores de la gestión de sus gobernantes”, argumenta, al recordar además que El Salvador es el único país que tiene reserva en estos informes.

En la propuesta de la entidad, que se ha plasmado en su propuesta quinquenal, también se buscará promover las reuniones públicas y periódicas de todas las instituciones encargadas de acceso a la información y lucha contra la corrupción. Eso implica una coordinación entre entidades como la Corte de Cuentas, la Sección de Probidad, el Tribunal de Ética Gubernamental y la institucionalidad que surja de la ley de acceso a la información, que aún no se discute al interior del pleno legislativo.