Hotel cobra sillas dañadas

Pide que le respondan por daños ocasionados en trifulca de entrega de credenciales para alcaldes electos por la capital.

El Hotel Radisson está exigiendo al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que asuma el pago de 65 sillas dañadas en la entrega de credenciales a alcaldes electos del departamento de San Salvador, celebrada el pasado 4 de marzo.

La gerencia del hotel señala que cada silla tiene un costo de $110, por eso hablan de una deuda total de $7,150.

El alcalde electo de San Salvador, Norman Quijano, se comprometió a asumir los costos, pero a la fecha ARENA no le ha respondido al hotel. El TSE dice que no asumirá el cobro aunque sea demandado ante un juzgado.

El Ministerio de Hacienda no ha liquidado alrededor de $7 millones al Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el cumplimiento de sus pagos, según confirmaron ayer magistrados del organismo electoral.

“Hay retrasos desde el mes de enero, porque Hacienda no ha desembolsado para que podamos efectuar los pagos correspondientes. Calculamos que son cerca $7 millones“, informó el magistrado por el FMLN, Eugenio Chicas.

El atraso ha hecho que el tribunal incumpla pagos a proveedores de productos y servicios de la elección municipal, de la legislativa y de la presidencial. También le ha generado problemas de pagos de horas extras al personal fijo de la institución y con el personal de los organismos electorales temporales.

El TSE estima que solo en facturas de hotel debe arriba de $500,000. Además, debe cancelar el alquiler del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO), publicidad y otros materiales electorales.

El magistrado presidente del tribunal, Walter Araujo, reconoció que hay atrasos en los desembolsos del Ejecutivo, pero prefiere no hablar de montos. “La liquidación se ha retrasado, pero no podemos hablar de cantidad, porque todavía no hemos sacado el consolidado de todo lo que se debe a proveedores”, manifestó.

Los $7 millones congelados estaban contemplados en el presupuesto general extraordinario de $23 millones, aprobado por Hacienda el año pasado para la celebración de las tres elecciones. “Esperamos que después de Semana Santa nos remita esa disponibilidad presupuestaria porque abril es el mes donde tienen mayores ingresos”, dijo el magistrado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Eduardo Urquilla.

Según los contratos firmados, el organismo tiene dos meses como máximo para ponerse al día con los pagos a proveedores.