Independientemente de los gustos y las afinidades políticas, el manejo de las últimas elecciones significó un avance de la ética en la política. Cuando todos estábamos asombrados de la falta de ética en la campaña electoral previa, nos sorprendió la jornada del 15 de marzo, en la que el pueblo salvadoreño mostró una gran altura cívica en el propio desarrollo de la jornada, e incluso el Tribunal Supremo Electoral tuvo un protagonismo destacado, actuando con una rapidez y transparencia en la información que ciertamente nos dejó un buen sabor de boca a todos.

Este arranque debe mantenerse, especialmente en este tiempo de transición. Y debe mostrarse especialmente en los acuerdos y negociaciones que ya se están dando en torno a la elección de magistrados para la Corte Suprema y otros cargos de las diversas instituciones del Estado. Especialmente en lo que respecta al tema judicial ya es hora de que la ética prevalezca sobre las negociaciones turbias y la selección de personas más connotadas por sus afinidades y simpatías políticas que por su capacidad intelectual y jurídica.

Los intentos de llevar a la Corte a personas que son miembros del Consejo Nacional de la Judicatura no hacen más que desprestigiar al sistema jurídico salvadoreño. Algunos jueces que aparecen en las listas de candidatos tienen una bien ganada fama de maniobreros e inmorales. Alguna que otra jueza candidata ha dictado sentencias que en su momento las convirtieron en hazmerreír, no solo de la comunidad jurídica, sino de cualquier persona con un pensamiento racional moderno. Entre los que aparecen en la lista del Consejo de la Judicatura hay un juez que, en un caso bastante sonado de hace ya algunos años, admitió una lista de indicios de culpabilidad entre los que se mencionaba la nacionalidad colombiana de uno de los acusados (repitiendo a nivel jurídico lo del “agravante de ser salvadoreño” que mencionaba Roque Dalton, esta vez aplicado a un colombiano).

La Asamblea Legislativa, generalmente la institución con peor fama y menor confiabilidad a nivel nacional en las encuestas de opinión, no debe seguir desprestigiándose a sí misma ni a la Corte Suprema. La democracia o se apoya en la ética y en los valores cívicos y ciudadanos, o simplemente se pudre y se corrompe. No hay mucha diferencia entre los autoritarismos de otros países latinoamericanos a los que criticamos y esta especie de autoritarismo colectivo de los partidos, cuyos representantes, una vez elegidos democráticamente, se olvidan de sus compromisos con los electores y con la ética, y ponen a ignorantes o inútiles, cuando no corruptos, al frente de las instituciones básicas del Estado.

Es tiempo de retomar el impulso de unas elecciones limpias y transparentes y empezar a hacer bien las cosas. De lo contrario, la limpieza electoral servirá de muy poco. La corrupción seguirá en ese caso enseñoreándose de nuestras instituciones, y los partidos políticos, independientemente de sus tendencias ideológicas, serán los culpables de la debilidad democrática.