Sin duda alguna, uno de los dolores de cabeza que tendrá el gobierno de Mauricio Funes será ocasionado por la necesidad de captar más fondos provenientes del pago de impuestos. Y es que para poder cumplir con los compromisos financieros y aquellos que hizo durante su campaña, hacerle frente al déficit fiscal —según el FMI y el BM podría llegar hasta $470 millones a finales del año— para dar continuidad a los programas sociales de alto impacto, los ingresos son insuficientes.

La recaudación fiscal cayó en 13%. Preocupa que esto pueda dar origen a establecer nuevos impuestos o a incrementar los actuales. En un momento crucial como el actual, sería delicado puesto que a muchas empresas les han disminuido sus ventas. Por tanto, han reducido márgenes de ganancia, recortado gastos que no sean totalmente indispensables y otros, para tratar de conservar las plazas de trabajo actuales y mantener a flote las empresas.

En El Salvador existen decenas de miles de micro y pequeñas empresas que, amparadas bajo la sombrilla de la informalidad, no pagan IVA ni renta. No hablo de canasteras, me refiero, por ejemplo, a una gran cantidad de negocios que están dentro o en las cercanías de los mercados, algunos de los cuales son dueños de cinco, seis o más puestos de venta y tienen ingresos de cientos y hasta de miles de dólares al día.

Basta recorrer su interior o caminar por los alrededores de los mercados para comprender que al Gobierno se le “escapan” de sus manos varios millones de dólares en concepto de impuestos. Camiones enteros que llegan cargados de frutas y verduras, que ni siquiera alcanzan a ser descargados, son vendidos a cada instante a distintos compradores sin extender una factura. Se comercializan miles de libras de granos básicos y se venden toneladas de ropa sin pagar ni un solo real en concepto de impuestos.

Adicionalmente, quienes visitan el centro de San Salvador o de alguna cabecera departamental habrán escuchado en repetidas ocasiones la palabra “cachada”, la cual utilizan ciertos vendedores para indicar que están ofreciendo un producto que está muy por debajo de su precio real:

Zapatos importados a $3, camisas Polo a $5, jugos variados a “cora” —$0.25—, pastas de dientes, abarrotes y otros. Estas cachadas generalmente son posibles gracias al contrabando y al robo de furgones y camiones. ¿Cuánto se está evadiendo? ¿Por qué no detienen el mercado negro? ¿Es que tienen miedo o es que es más fácil cargar con más impuestos a los que ya pagan?

Los micro y pequeños empresarios no disponen de tiempo ni cuentan con suficiente personal para andar haciendo trámites, ni con recursos suficientes para imprimir facturas con tantos datos exigidos por las autoridades. Ellos saben que podrían obtener mayores beneficios si sus negocios fueran formales, pero se asustan y confunden con tanto trámite: dónde hacerlos, cómo llenar papeles, que los rechacen por un simple error. Para facilitar el cobro de impuestos, el Gobierno debería de facilitar su pago a las mypimes, disminuir la excesiva cantidad de trámites y documentos legalizados que deben presentarse, simplificar al máximo los comprobantes de ventas, tal como lo hizo Chile, crear “centros de tramitación única” cercanos a los mercados.

Estoy segura de que si el Gobierno se las ingeniara para cerrar estas fugas de impuestos, recolectaría muchos más fondos para invertir en proyectos sociales y estaría en menos aprietos financieros. Hay quienes creen que lo que hace falta es “voluntad política”; yo creo que lo que escasea es la “valentía política”.