Los titulares periodísticos de los días posteriores al terremoto del 10 de octubre revelaban el saldo de vidas que se cobró el terremoto.

“Jueces reconocen 136 cadáveres”, “79 personas rescatadas en el Darío”, eran algunas de las principales noticias.

Las cifras eran provistas por las instituciones oficiales, aunque otras veces eran los jueces de Paz quienes informaban desde el mismo lugar de los reconocimientos.

Los jueces fueron destacados al pie de los edificios derrumbados y demás lugares de tragedia, para contabilizar, de primera mano, las víctimas mortales.

Así sucedió con Rosa María Fortín Huezo y Rosario Góchez Castro, dos juezas que durante las dos semanas siguientes debieron detallar la causa de muerte de decenas de cuerpos en el edificio Rubén Darío.

“La gente estaba sumamente alterada. Es normal. Uno recibe agresiones verbales, en los levantamientos la gente se molesta cuando uno se lleva el paciente”, relata la juzgadora.

Fortín Huezo aparece, a sus 26 años, en una de las fotografías que LA PRENSA GRÁFICA captó durante los días en que estuvo laborando en la escena del Rubén Darío junto a la jueza Tercero de Paz de San Salvador, Rosario Góchez Castro.

Para entonces, la jueza Fortín laboraba en el edificio 2 que albergaba al Juzgado Quinto de Paz de San Salvador, y aquel 10 de octubre cree que se salvó de morir “de puro milagro”.

La taza de café

Antes de que fuera trasladada como jueza al Quinto de Paz, Fortín fungía como secretaria en el Juzgado Primero de lo Penal, donde sus compañeros le habían prohibido llevarse su taza.

“Así me obligaban a que por lo menos una vez al día, yo fuera a visitarlos”, recuerda.

Ese viernes, a las 11:49 de la mañana, era la hora del café... y del terremoto.

“Créame que, gracias a Dios, fui por el café, porque la pared que estaba detrás de mi cayó sobre mi silla”, relata.

Cuenta la aplicadora de justicia que dos personas salieron lesionadas de gravedad en los tribunales. Una de ellas fue el secretario del juzgado de hacienda, quien fue víctima de un montón de latas que estaban en calidad de decomiso y que le cayeron en las piernas, y le provocaron fracturas.

Ese viernes, a las 2 de la tarde, la bicicleta de Mauricio Rivera, secretario de la jueza Fortín, se había aparcado frente a la vivienda de la jueza, en la colonia Layco.

“Suscrita, estamos en emergencia, y aquí están los sellos”, le había dicho Rivera en un tono confianzudo.

Ambos eran compañeros en la universidad y “suscrita” era la forma en que él se dirigía a ella, de acuerdo a la jerga que se acostumbra en las actas judiciales.

En el acto, Fortín salió a la difícil tarea de reconocer los cuerpos sin vida.

Los primeros reconocimientos se efectuaron en el parqueo del Isidro Menéndez.

Dos días después, el desplazamiento de los jueces a diversos puntos de la capital era necesario.

“No tenía idea a lo que iba a enfrentarme. Ya había estado en situación de emergencia, no como jueza pero sí dentro del sistema judicial”, comenta Fortín Huezo.

De la emergencia que habla es la del deslave del 19 de septiembre de 1982 en la colonia Montebello, al norte de la capital y que anegó más de 150 viviendas.

Cada jornada de 1986 iniciaba a las 8:30 de la mañana.

La permanencia de los jueces ante los escombros de los edificios dependía de la energía que tuvieran los rescatistas.

“Cuando ellos paraban, nosotros parábamos, aunque hubo días que nos fuimos casi a la medianoche”, recuerda la ahora magistrada de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).