Entre abril de 2016 y mayo de 2017, un total de 138 familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares debido a las amenazas por parte de pandillas o por miedo a las mismas, según un informe de desplazamiento forzado interno en El Salvador presentado por la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos (PDDH).
En diciembre de este año las autoridades de Seguridad reconocieron públicamente el problema y anunciaron un protocolo de atención para 2018. Durante el último trimestre de 2017 la Sala de lo Constitucional admitió los recursos de amparo de al menos cuatro familias desplazadas por la violencia y ordenó a la Policía Nacional Civil (PNC) y a la Fiscalía General de la República (FGR) adoptar medidas para protegerlas.
[Comunicado] Se ordena adoptar medidas de protección a favor de víctimas de desplazamiento forzado interno https://t.co/xkrsa91wyq
— Sala de lo Cnal. (@SalaCnalSV) 6 de octubre de 2017
Solo en el mes de diciembre, siete familias de Coatepeque abandonaron sus viviendas por temor. Asimismo lo hizo la familia de un policía en noviembre: huyeron de Apopa tras recibir amenazas.
El desplazamiento forzado forma parte de la ola de violencia que atraviesa El Salvador, al igual que el alza de homicidios reportado en los últimos meses del 2017. Hasta el pasado 25 de diciembre, la PNC registraba 3,912 homicidios cometidos durante todo el año. Además, en lo que va del 2017, al menos 46 miembros de la PNC, 21 militares y tres custodios de penales fueron ultimados, la mayoría cuando se encontraban de licencia.
