En enero pasado, las comisiones del Vaticano que llevaban la causa de Romero para declararlo beato aprobaron por unanimidad la declaración como mártir de la Iglesia católica, paso previo a convertirlo en beato y posteriormente en santo.

Romero, nacido en 1917, era arzobispo de San Salvador cuando fue asesinado el 24 de marzo de 1980 con una bala certera al corazón mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospital de la Divina Providencia.

El procurador para la Defensa de Derechos Humanos, de El Salvador, afirmó a dpa que el caso del asesinato de monseñor Óscar Arnulfo Romero en 1980 se encuentra en la impunidad por una ley de amnistía de 1993.

Todo ello contrasta, dice el procurador, con los homenajes que se le rinden a nivel internacional, incluso, con la beatificación que anunció hace poco en San Salvador el enviado especial del Vaticano, Vicenzo Paglia.

En enero pasado, las comisiones del Vaticano que llevaban la causa de Romero para declararlo beato aprobaron por unanimidad la declaración como mártir de la Iglesia católica, paso previo a convertirlo en beato y posteriormente en santo.

«El caso de monseñor Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980, por escuadrones de la muerte que recibían protección y tenían nexos con el Estado, se encuentra en la impunidad, como los casos de la masacre de los seis sacerdotes jesuitas y como el caso de las masacres campesinas de El Mozote, por ejemplo. Esta impunidad debe ser suprimida», apuntó Morales.

Morales fue recibido el pasado viernes en una audiencia especial en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) e informó sobre la situación de impunidad que impera en El Salvador. Uno de los casos especiales fue el de monseñor Romero.

«Yo, como procurador, estoy actualizando un nuevo informe sobre la situación de impunidad que sigue prevaleciendo en estos casos», señaló.

El procurador enfatizó que pedirá la intervención de la CIDH ante el Estado. Asimismo dijo que presentará información a las autoridades salvadoreñas competentes en relación a los jueces o fiscales que estén incumpliendo su mandato de investigar estos casos.

Al presentar esa información, espera que se valore su procesamiento administrativo y pedirá a la Corte Suprema de Justicia que abra un expediente de investigación administrativa, por ejemplo, «contra el juez que ventila las causas de El Mozote», ya que se está negando a abrir la investigación y a anular la Ley de Amnistía en este tema, tal como la CSJ lo ha dictaminado como posible para casos considerados «contra la humanidad».

De igual forma dijo que «si sigue esta actitud de pasividad absoluta por parte del fiscal general de la República actual deberé informar a la Asamblea Legislativa y establecer las responsabilidades correspondientes, por negarse a cumplir sus obligaciones de investigación, emanadas de la Constitución, de tratados de derechos humanos internacionales y de la ley interna».

Por otra parte, el Estado ya ha recibido sentencia condenatoria por parte de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (Corte IDH) el 25 de octubre de 2012. Se le encontró responsable por la masacre de más de mil campesinos en el Caserío El Mozote, en diciembre de 1981, durante la guerra civil (1980-1992).