El presidente, basado en una resolución de la CSJ, dice que los crímenes graves pueden investigarse pese a la Ley de Amnistía. El fiscal general dice que hay voluntad para investigar aunque aclara que no hay nada abierto.

Suchit Chávez

Ofrenda. El presidente colocó flores en el monumento a las víctimas de El Mozote. Foto de LA PRENSA/Milton Flores

El mandatario de la República, Mauricio Funes, pidió ayer al Órgano judicial y a la Fiscalía General de la República que realicen una revisión de la legislación y jurisprudencia existente con el objeto de evaluar la indagación de los crímenes de lesa humanidad.

Funes incluyó este punto en el discurso pronunciado durante el acto principal del vigésimo aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, celebrado en el caserío El Mozote, del municipio de Meanguera (Morazán). En ese lugar, en 1981, más de 900 personas fueron asesinadas durante un operativo militar que duró tres días.

“Como jefe de Estado pido también a las organizaciones civiles y a las autoridades nacionales involucrados en el tema de justicia, particularmente a la Fiscalía General de la República y a los jueces y magistrados del Órgano Judicial, que contribuyan con su acción a favorecer el combate de la impunidad en el país”, dijo Funes ayer durante el acto.

El presidente hizo referencia a las sentencias de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 24-97/21-98 emitidas en 2000. “Me corresponde reconocer que la sentencia de inconstitucionalidad (…) de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia deja sin efecto jurídico la mencionada ley (de Amnistía), cuando ella constituya un factor de impunidad a las graves violaciones a los derechos humanos”, agregó.

Por la noche, el mandatario agregó en una entrevista con el canal internacional CNN que la Ley de Amnistía, aprobada en 1993, no es un impedimento para investigar crímenes de lesa humanidad, puntualmente la masacre de El Mozote. “Si no se ha hecho justicia ha sido por falta de voluntad política”, dijo el presidente.

El fiscal general, Romeo Barahona, no quiso pronunciarse de forma contundente: “Nosotros como Fiscalía no tenemos ningún problema (en investigar), pero hay que ver todo el contexto de un caso que se dio en 1981, cuando los jueces tenían la investigación del delito. Hay una resolución del tribunal de Gotera, tenemos también resolución de la Sala de lo Constitucional y tenemos vigencia de la Ley de Amnistía”.

“No podemos a priori decir si un hecho es de lesa humanidad sin una investigación”, agregó Barahona cuando se le preguntó acerca de los impedimentos legales. Días atrás, la Fiscalía General de la República pidió la exoneración de cargos para dos excomandantes guerrilleros por el homicidio de Roque Dalton. Los fiscales alegaron que no podía calificarse como crimen de lesa humanidad porque el país no ha ratificado el Estatuto de Roma, el documento que constituye la Corte Penal Internacional.

La magistrada de la Sala de lo Civil de la CSJ, Mirna Perla, que asistió al acto, se acercó a la postura de Funes: “Hay casos que nunca se abrieron (…) esos no podrían ser asumidos por los jueces, pero los que se abrieron en la época del conflicto y que se ubican dentro de crímenes de lesa humanidad hay que reabrirlos porque estos son imprescriptibles”.