Presidente ordena al Ejército hacer una revisión de su propia interpretación de la masacre de hace más de 30 años. Aseguró que no se considerará “héroes” a militares violadores de derechos humanos.

Fernando Romero/Amadeo Cabrera/ María José Saavedra

El Mozote. Juana Sánchez, familiar de víctimas de El Mozote, frente al monumento alusivo a la masacre de diciembre de 1981. Foto de LA PRENSA/Milton Flores

El presidente de la República, Mauricio Funes, anunció ayer, en el vigésimo aniversario de los Acuerdos de Paz celebrados en el caserío El Mozote, de Morazán, que desde ayer mismo instruyó a la Fuerza Armada “la revisión de su interpretación de la historia a la luz de este reconocimiento histórico” de la participación de tropas del batallón Atlacatl en la masacre de El Mozote en el mes de diciembre de 1981.

Funes, luego de pedir perdón en nombre del Estado salvadoreño a las víctimas de la masacre y sus familias, informó sobre su decisión de que el Ejército reescriba su historia y que incluya el reconocimiento de su participación en el genocidio.

“Esta revisión debe reflejarse en los textos y símbolos con que se forman los cuadros militares a los efectos de un doble objetivo: primero, fortalecer el rol profesional, despolitizado y desideologizado de la Fuerza Armada y su integración profunda en el seno de la sociedad salvadoreña; y segundo, aportar a la pacificación de los espíritus, factor imprescindible para fortalecer la democracia, la justicia y la paz social”, dijo Funes.

En la actualidad, la Tercera Brigada de Infantería, con sede en el departamento de San Miguel, lleva el nombre del teniente coronel Domingo Monterrosa Barrios, el principal autor de la masacre de El Mozote y caseríos aledaños en 1981, según el reconocimiento público que hizo Funes.

Ayer se trató de tener una declaración del ministro de la Defensa Nacional, Atilio Benítez, para conocer el futuro de la denominación de esta brigada, pero el funcionario se retiró pronto luego del final del evento en el caserío El Mozote.

Por su parte, el general Mauricio Ernesto Vargas, firmante de los Acuerdos de Paz, consideró que las decisiones de Funes “son muy personales”. “No me atrevería a tocar (sus decisiones) porque él tiene toda la autoridad para poder hacerlo”, manifestó, y se reservó su opinión acerca de la posibilidad de que el nombre de Domingo Monterrosa sea removido de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel.

Otro firmante de los acuerdos, el expresidente Alfredo Cristiani, aseguró ayer desconocer el tema y omitió dar opinión.

Funes quita calificativo de “héroe”

El presidente de la República aseguró que dentro del Ejército salvadoreño ya no se pueden considerar “héroes” nacionales a militares que participaron en violaciones contra los derechos humanos en el conflicto armado de los años ochenta.

“No podemos seguir enarbolando y presentando como héroes de la institución y del país a jefes militares que estuvieron vinculados a graves violaciones a los derechos humanos”, dijo Funes.

El mandatario argumentó que esas consideraciones ya no son posibles debido a la transformación democrática y desarrollo que ha tenido el Ejército en los 20 años que han pasado desde los Acuerdos de Paz.

El mandatario, ante ese anuncio, nombró al “teniente coronel Domingo Monterrosa, el mayor José Armando Azmitia Melara, el entonces mayor Natividad de Jesús Cáceres Cabrera y otros mencionados por la Comisión de la Verdad” como responsables de la masacre de El Mozote.

Funes hizo un reconocimiento y confesó ante el país y la comunidad internacional: “En los cantones El Mozote, El Pinalito, Ranchería, Los Toriles, Jocote Amarillo, Cerro Pando, La Joya y Cerro Ortiz, los días y las noches del 10, 11, 12 y 13 de diciembre de 1981, tropas del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl de la Fuerza Armada de El Salvador asesinaron a cerca de un millar de personas, la mayoría niñas y niños”.

El jefe del Gobierno salvadoreño llamó al Órgano Judicial y a la Fiscalía General de la República a “que revisen conductas del pasado que impidieron el reconocimiento de la verdad y hacer justicia”.

Funes calificó de válidas las intenciones de sectores de la sociedad que reclaman una derogatoria de la Ley de Amnistía, vigente desde 1993, y recordó que ya existe una sentencia de inconstitucionalidad emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que “deja sin efecto jurídico la mencionada ley (de Amnistía) cuando ella constituya un factor de impunidad a las graves violaciones a los derechos humanos”.