Tres instituciones nacidas de los Acuerdos de Paz que sí han cumplido con lo escrito y firmado hace 20 años reclaman que se reformen sus atribuciones, para mejorar sus aportes a la nación.

Escrito por Fernando Romero/Amílcar Mejía

Los Acuerdos de Paz firmados en 1992 contenían la creación de nuevas instituciones gubernamentales que se encargarían, una de la seguridad pública; la otra, de la procuración del respeto de los derechos humanos por parte del Estado; y la tercera, de escoger y evaluar jueces de forma independiente del Órgano Judicial.

¿Están cumpliendo estas instituciones –que son la Policía Nacional Civil, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional de la Judicatura– los objetivos para los cuales fueron creadas hace 20 años?

Para Carlos Ascencio, actual director de la Policía Nacional Civil, la institución sí ha cumplido lo estipulado en 1992; sin embargo, reconoce una deuda en el objetivo de tener un acercamiento con la comunidad, igual que ocurrió con los anteriores cuerpos de seguridad. Ascencio admite que la nueva realidad de violencia y delincuencia exige nuevas estrategias que no fueron previstas.

Al director policial lo secunda Óscar Luna, procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, quien reclama hoy que, a diferencia de lo acordado, la nueva realidad salvadoreña (que no es la que se visualizó hace 20 años) exige que al menos algunas recomendaciones de la procuraduría sí tengan un carácter de obligatorio cumplimiento de parte de los funcionarios.

Por su parte, Tito Zelada, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, asegura que “indudablemente” la institución está cumpliendo el objetivo con el que se creó. Sin embargo, confiesa que ahora se necesitan más atribuciones para temas que no fueron proyectados en 1992, como la depuración de jueces.