Los Acuerdos de Paz encargaron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos “hacer efectivo el firme compromiso asumido por las partes (…) de identificar y de erradicar cualesquiera grupos que practiquen violaciones sistemáticas de los derechos humanos, especialmente la detención arbitraria, los secuestros y el ajusticiamiento, así como otras formas de atentados contra la libertad, la integridad y la seguridad de la persona”. La PDDH amplió años después, y por mandato constitucional, sus funciones en la protección de los derechos humanos de todos los salvadoreños.

Escrito por Fernando Romero/Amílcar Mejía

Con la creación de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, ¿qué ganó el país y qué ha faltado para alcanzar la plena institucionalidad de los derechos humanos?

Antes de la firma de los Acuerdos de Paz, en El Salvador no podíamos hablar de derechos humanos. Era un crimen. Hablar de derechos humanos era vincularse a actividades subversivas, a terrorismo, a marxismo… Dentro de la agenda de negociación entre el FMLN y el Gobierno estaban los derechos humanos, porque precisamente hubo grandes violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado. Pero parece ser que a la gente eso se le ha olvidado. Sabemos los casos de Monseñor Romero, de los sacerdotes jesuitas y muchos otros que todavía están en la impunidad. Obviamente, como consecuencia de eso había que crear una institución con carácter constitucional que trabajara por velar por esos derechos. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos nace como un ente contralor, como un contrapeso a la actividad del Estado. Pero como teníamos un problema grave de cultura de derechos humanos, y no solo de la población, sino que de los funcionarios, entonces también había que impulsar el fortalecimiento de la procuraduría, había que darle el apoyo institucional y financiero para que se desarrollara esa cultura de respeto a los derechos humanos, cosa que no ha existido. Y esa es una de las grandes fallas que han tenido todos los gobiernos: no impulsar el fortalecimiento de la única institución con grado constitucional para velar por los derechos humanos.

Le ha faltado el apoyo del mismo Estado del que usted es contrapeso. Parece que tiene que ver con que a nadie le gusta ayudar a quien lo critica.

Pero fíjese que también ha faltado la conciencia de la población. Uno de los grandes problemas que tenemos es que la única institución que trabaja por los derechos humanos no ha tenido el apoyo necesario para fomentar la cultura de respeto a los derechos humanos. Hacemos lo que podemos, porque el rol y el mandato de la procuraduría es amplio.

¿Esa falta de apoyo gubernamental y poblacional ha incidido en la reducción de investigaciones incisivas que en un inicio se pudieron tener de la procuraduría?

Todavía hacemos. Nos pronunciamos. Hay que ver la parte positiva: parte de la población sigue demandando los servicios de la procuraduría. Nos posicionan como única voz. Y lo hacemos. Si usted se ha fijado, nos pronunciamos a favor de personas cuyos derechos humanos son violados: personas lisiadas de guerra, personas con VIH, personas con discapacidad, adultos mayores. Lo que pasa es que con la falta de apoyo a veces nos atoramos. Pero la gente que nos busca confía. El problema es que nos hace falta capacidad. La procuraduría no deja de investigar casos de violación a los derechos humanos. Pero, es cierto, no tenemos los recursos para hacer todas las investigaciones pertinentes. Pero sí emitimos resoluciones, en una buena cantidad. La procuraduría ha intervenido con incidencia en casos como el de Baterías de El Salvador, en el caso de la Málaga, en el caso de la tormenta Ida, en el caso del relleno sanitario de Cutumay Camones, en el caso de OBC. Sucede que las investigaciones iniciales de la procuraduría eran sobre casos anteriores a su creación, eran casos sistemáticos de violaciones a los derechos humanos. Cada procurador ha tenido sus propios casos según su período. Hoy, por ejemplo, como uno de los problemas graves es la inseguridad, entonces todos relacionamos los derechos humanos con la seguridad pública. Pero hace años no era así.

La falta de recursos es un obstáculo para el buen desempeño de la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Y qué me dice de la falta de interés del Gobierno al no atender en varios casos las recomendaciones de esta institución? ¿Será ya la hora de dar el siguiente paso y volver vinculantes las resoluciones de la procuraduría?

La cultura del Estado de atender las recomendaciones de la procuraduría todavía está muy débil. Muchos funcionarios no quieren atender. Somos contralores de funcionarios para que respeten los derechos humanos, pero estos no hacen caso. Yo creo que en algunos casos habría que hacer una regulación particular, porque hay casos en que las investigaciones han tenido gran avance y han incidido, como en el caso de Baterías de El Salvador, por ejemplo. Este es un caso emblemático que a nivel internacional está sentando precedentes sobre violaciones a derechos humanos que usted no tiene idea. Y hemos presentado este caso en el exterior con investigaciones exhaustivas de la procuraduría. En estos casos, las resoluciones de la procuraduría deberían ser vinculantes. O también en el caso de OBC. Allí hay gente que la estafaron. Nosotros hicimos nuestras resoluciones y recomendaciones, pero el caso sigue en la impunidad. Creo que hace falta hacer esa regulación especial.